Las confusiones de lencho

 

Pedro Vargas Avalos

 

 

Se inició el año 2022 y se recrudecieron varios asuntos. Entre ellos figuran los relativos a la pandemia del Covid19, que con la versión “ómicron”, amenaza a la humanidad entera; pero además está lo relativo a los energéticos, donde se inscriben las cuestiones relativas al petróleo, el gas, la energía eléctrica y el sensacional “oro del futuro”, o sea, el litio.

Pero los temas no se agotan con los antedichos trajines, sino que las cuestiones económicas reclaman atención idónea, y sin desdoro de otros varios renglones que demandan amplia consideración, está lo relativo a las implicaciones políticas, donde no solo se avizora la anticipada sucesión presidencial, pasando por los comicios que en seis Entidades se registrarán este año, sino a la llevada y traída revocación de mandato del presidente, procedimiento que se supone deberá realizarse el mes de abril venidero.

Sobre esta práctica de participación democrática, las opiniones se han dividido: por un lado, están las agrupaciones de oposición y sus simpatizadores, que coinciden con las posturas del Instituto Nacional Electoral (INE), poniendo trabas para su realización y, por la otra parte, el partido gobernante MORENA, sus aliados y adeptos, quienes concuerdan con la posición del primer mandatario federal, sobre que ineludiblemente se lleve a cabo ese ejercicio cívico.

Bajo tales circunstancias, los heraldos de cada actitud han indicado reiteradamente sus argumentos, mismos que van desde la falta del requisito de desconfianza hacia el Presidente, como la carencia de recursos para poder organizar el proceso; del otro bando, exigiendo el cumplimiento irrestricto de la Constitución y su ley reglamentaria, que lo mandatan.

Al respecto, dice Lorenzo Córdova Vianello (LCV), presidente consejero del INE, que el organismo que dirige, ha tomado decisiones a veces polémicas y controvertidas, las cuales “no deberían ser motivo ni de censura y mucho menos de persecución penal o política” (Los Periodistas, enero 3, 2022). Una de ellas fue la exigencia de más dinero (pues querían la friolera de 3 mil 830 millones de pesos y dice que solo cuentan con 1,500 millones) ya que el presupuesto que les autorizó la Cámara de Diputados, fue insuficiente.

Desde luego que el INE no recurre a la política de austeridad que el actual gobierno ha implementado. Desde que el primer magistrado, al arrancar su período, anunció la necesidad de esa conducta republicana, ya que no es congruente haya “gobierno rico junto a pueblo pobre”, exhortó a todos los integrantes de la administración pública para que se ajustaran a tal sistema. Sin embargo, solo en el poder legislativo y las dependencias del ejecutivo, se hizo eco a la petición, pues el poder judicial, amparado en un artículo constitucional que originalmente (en 1917) no preveía los salarios, logró que Plutarco Elías Calles, en agosto de 1928, incluyera en el artículo 94 constitucional, la no disminución de las remuneraciones de jueces y ministros durante su encargo, y así ha perdurado no obstante las numerosas reformas a la Carta Magna.

El numeral 127, fracción II de la Carta Magna federal, establece que ningún servidor público podrá recibir una remuneración por su trabajo, mayor que la del Presidente de la República. Y en la fracción III, reafirma que ningún empleado gubernamental podrá ganar más que su superior jerárquico: nadie puede negar que el máximo servidor público, dentro del gobierno, es precisamente el jefe de las instituciones nacionales. La excepción que contiene la misma parte del artículo que nos ocupa, dice, “salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función, la suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente…”. Más claro ni el agua.

Las diversas instituciones que han surgido de hace unos lustros a esta fecha, revestidas de “autonomía”, se han adherido a esta prerrogativa para defender mañosa y encarnizadamente sus pródigos ingresos, y dentro de tales entes destaca el INE. Pero se les olvida que no reúnen las condiciones antedichas, pues, ni tienen un trabajo técnico calificado ni es una especialidad profesional o científica su labor: ser consejero electoral, es un honor, pero solo exige requisitos ordinarios para un empleo de tal índole. En consecuencia, están sujetos a lo que establece dicho artículo 127 en su fracción segunda. Pero Lorenzo (Lencho para sus cuates) cree que defender rabiosamente sus privilegiadas retribuciones, (percibe anualmente $2 millones 487 mil pesos) incluidas una serie de ventajosos beneficios (como gastos médicos mayores) o gruesas partidas para consumos, y no digamos el ejército de “asesores” que tienen, algo así como doscientos sesenta y dos, todos muy bien pagados -hasta $104,875.00 pesos mensuales- y con fastuosas prestaciones. (Sin Embargo al Aire, nov.30-2021).

La gota que derramó el vaso fue cuando el Consejo General del INE dispuso, por mayoría de        seis votos a favor y cinco en contra, la medida extraordinaria de posponer temporalmente la realización de la Revocación de Mandato del Presidente de la República, por insuficiencia presupuestal. El paladín de la democracia mexicana -según parece por sus expresiones – Don Lencho Córdova, tajante dijo: “Que quede muy claro: no se trata de una suspensión del proceso o de una negativa a cumplir con las obligaciones constitucionales del INE. Se trata de un acuerdo que busca dotar de certeza plena a este ejercicio inédito de participación ciudadana”. Y no contento con lograr esa suspensión (no prevista en la Constitución ni la Ley), con aire prepotente manifestó el señor Córdova: “Si realmente se quiere la Revocación de Mandato se los digo con mucha franqueza: salidas hay, el acuerdo…deja abiertas las probabilidades y… pone sobre la mesa posibilidades para que, si realmente hay voluntad de que la Revocación de Mandato sea una realidad, ésta se lleve a cabo”. Las salidas él mismo las enumera: que la Cámara de Diputados haga la ampliación presupuestaria, o el Presidente del país, gire instrucciones a la Secretaría de Hacienda para que suministre los fondos que pide el INE.

El malhadado acuerdo, fue reprobado no solo por la ciudadanía, sino por la Suprema Corte y el Tribunal Federal Electoral (TRIFE). El presidente de la Cámara de Diputados (Sergio Gutiérrez Luna) interpuso en la Corte la controversia constitucional y el 22 de diciembre concedió la suspensión provisional, ordenando que el INE prosiguiera “con la organización y el desarrollo de la totalidad de las actividades del proceso de revocación de mandato hasta su conclusión con el presupuesto aprobado de 1,503 millones de pesos el cual constituye un indicador de viabilidad financiera”, en razón a que se estaría poniendo en riesgo el ejercicio oportuno del derecho de la ciudadanía a decidir si revoca o no el mandato del presidente. (Expansión Política, Guadalupe Vallejo, 22-12-2021). Días después, el TRIFE, ante recurso interpuesto por MORENA y PT, resolvió revocar el mentado acuerdo del INE, y les dijo a sus directivos no poner “en riesgo el ejercicio oportuno del derecho de la ciudadanía a decidir si revoca o no el mandato” del presidente de la nación. Por lo tanto, debe realizar y gestionar “las adecuaciones necesarias a su presupuesto, sin afectar sus obligaciones constitucionales, legales, estatutarias y laborales, a fin de garantizar el adecuado desarrollo” del proceso revocatorio. (Portal de Consulta, TRIFE, 29-dic.21).

Para entonces, el antedicho presidente de la Cámara de Diputados, había presentado (el miércoles 22 de diciembre) una denuncia ante la Fiscalía de la República, para deslindar si los consejeros del INE tenían responsabilidad penal. Esto hizo que Lencho y sus adláteres, así como la oposición, reaccionaran telúricamente, pues dice aquél que las diferencias entre los pares y las de la institución con otras entidades, no deben criminalizarse. Y por si hubiese culpas administrativas, la denuncia también se presentó ante el Órgano Interno de Control del INE.  Como varias organizaciones y el mismo AMLO, dijeron que no debería llevarse este asunto a la materia penal, la denuncia no se ratificó. Lencho pidió que como esos ilícitos son de oficio, esperaba que se declarara por la Fiscalía su improcedencia. Y volvió a decir que él y sus pares, “a pesar de la persecución penal que se pretende hacer de algunos de sus integrantes siguen cumpliendo sus obligaciones. (Twitter de LCV, 2 ene.2022).

La conclusión de todo lo anterior es que, Don Lorenzo, tiene muchas confusiones: A) la defensa a ultranza de sus altos salarios anticonstitucionales, no conllevan la autonomía del INE, como a hurtadillas sostiene; B) el INE no es la democracia de México, solo es un organismo encargado de organizar los eventos electorales conforme a la ley. El pueblo, especialmente los ciudadanos, son los que encarnan, al ejercer sus derechos, la democracia mexicana. C) la austeridad republicana es parte fundamental de nuestra realidad actual, y a ella deben ceñirse los integrantes del INE, haciendo a un lado sus opulentos sueldos y sus impúdicos derroches. D) el hecho de ser dirigentes del INE, no los exenta de incurrir en responsabilidades, tanto administrativas como punitivas: el que nada debe, nada debe temer, por lo que si su actuación es legítima, no deben sobrecogerse ni imaginar “persecución penal”, ya que nadie les ha fabricado crímenes, solo se denunciaron “hechos”.

Lencho anda tan embrollado, que en una entrevista concedida hace unos días al diario peninsular “El País”, manifestó que, “Estamos viendo un contexto inédito de hostigamiento a las autoridades electorales. Además, se ha abierto una narrativa claramente de acoso y descalificación”. Y ya haciéndose víctima, vaticinó: “Este discurso de descalificación y de desinstitucionalización ha antecedido en el pasado algunos de los peores experimentos autocráticos de la historia. No estoy diciendo que eso vaya a ocurrir en México, pero subrayo la similitud de este tipo de discursos, por ejemplo, con lo que ocurría en los años 20 en Europa”.

En base a esas declaraciones, consideramos que Don Lorenzo cada vez está más confuso. Lo que ocurría en aquellos tiempos en el viejo continente, eran la gestación del nazismo y el crecimiento del fascismo, lo cual, hablando de nuestra actualidad nacional, de plano resulta inadmisible. A menos que el buen Lencho, ya esté tan neurasténico, que piense como algunos alharaquientos ejemplares de la oposición, de los que invitaron al VOX ibero, o de los que anhelan con volver a los tiempos del anodino Fox, del abominable Calderón o del inmundo Peña Nieto. De suceder esto, entonces sí tendría razón el protagónico cuanto enrevesado dirigente del INE. Pero fundados en la madurez de nuestro pueblo, podemos afirmar que “Si es pasión, que se les borre”: México seguirá adelante y nuestra democracia, cada día, será más sólida y correcta, con o sin el apoyo de este confundido personaje.