Víctor
Hugo Prado
Estimado
lector, supóngase constructor, y con usted llega un cliente, él que desea que
le construya una casa, le entrega los planos de la vivienda proyectada, usted
al hacer la revisión de lo que se espera, le informa al cliente que el costo de
su deseo es de 3 millones 800 mil pesos. El cliente le argumenta que no tiene
el dinero, que solo hay millón y medio, que, si necesita más dinero, les
descuente a sus trabajadores para completarlo, o en su caso que usted deje de
tener utilidad, de no hacerlo podría hacerse acreedor a una denuncia penal y
pagar con cárcel el incumplimiento. Ante la controversia usted debe optar por
posponer la construcción, pero el cliente lo sigue amenazando. Al final, una instancia
judicial –externa- al que recurrieron ambos, determina que se construya la casa
y que se pida más dinero al cliente o a los parientes del cliente, si no le
dan, se ajuste a lo que tiene.
Lo
que va a suceder es que la casa proyectada en los planes no va a tener las
dimensiones esperadas, los materiales tampoco serán de la calidad proyectada, ni
los terminados, quizá habría que cancelar algún baño, recamara o espacios que
señalaban los planos, la seguridad podría estar en duda, su prestigio como constructor
también. De construirse con ese
presupuesto, la casa no será la misma que la proyectada. Por fortuna es una
casa en este ejemplo hipotético, imagine un auto, ¿qué le quitaría? ¿las
llantas, los asientos, el motor o el diferencial?
Eso
mismo está sucediendo con la consulta sobre la revocación de mandato. Donde el INE
es el constructor y el cliente es ya sabes quién y anexas. La consulta de
acuerdo con la posición del INE y con lo que establece la Constitución tendría
un costo de 3,830 millones de pesos, pero la Cámara de Diputados solo otorgó
1,503 millones, de ahí que el INE resolvió mediante un acuerdo posponer la
consulta hasta que le otorguen el recurso faltante. Como usted lo sabe el tema
fue impugnado ante la SCJN y el Tribunal Electoral de la Federación, obligando
al INE a continuar con los trabajos de la consulta, a la vez que, apretándose
más el cinturón, vaya y toque la puerta de la Secretaría de Hacienda para
gestionar más recursos. Seguro, Hacienda
dirá que no hay más, por tanto, la consulta se hará con el 45% de las casillas
proyectadas. El 10 de abril habrá consulta, que al menos deberíamos aspirar,
cualquiera que sea el resultado, a lograr una participación amplia de los
ciudadanos y no sea una simple simulación de ejercicio democrático como lo
sucedido con el fiasco de consulta para enjuiciar a los expresidentes.
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