Víctor
Hugo Prado
Estimado
lector, supóngase constructor, y con usted llega un cliente, él que desea que
le construya una casa, le entrega los planos de la vivienda proyectada, usted
al hacer la revisión de lo que se espera, le informa al cliente que el costo de
su deseo es de tres millones 800 mil pesos. El cliente le argumenta que no
tiene el dinero, que solo hay millón y medio, que, si necesita más dinero, les
descuente a sus trabajadores para completarlo, o en su caso que usted deje de
tener utilidad, de no hacerlo podría hacerse acreedor a una denuncia penal y
pagar con cárcel el incumplimiento. Ante la controversia usted debe optar por
posponer la construcción, pero el cliente lo sigue amenazando. Al final, una
instancia judicial –externa- al que recurrieron ambos, determina que se
construya la casa y que se pida más dinero al cliente o a los parientes del
cliente, si no le dan, se ajuste a lo que tiene.
Lo que
va a suceder es que la casa proyectada en los planes no va a tener las
dimensiones esperadas, los materiales tampoco serán de la calidad proyectada, ni
los terminados, quizá habría que cancelar algún baño, recamara o espacios que
señalaban los planos, la seguridad podría estar en duda, su prestigio como constructor
también. De construirse con ese presupuesto, la casa no será la misma que la
proyectada. Por fortuna es una casa en este ejemplo hipotético, imagine un
auto, ¿qué le quitaría? ¿las llantas, los asientos, el motor o el
diferencial?
Eso
mismo está sucediendo con la consulta sobre la revocación de mandato. Donde el INE
es el constructor y el cliente es ya sabes quién y anexas. La consulta de
acuerdo con la posición del INE y con lo que establece la Constitución tendría
un costo de $3,830 millones de pesos, pero la Cámara de Diputados solo otorgó $1,503
millones, de ahí que el INE resolvió mediante un acuerdo posponer la consulta
hasta que le otorguen el recurso faltante. Como usted lo sabe el tema fue
impugnado ante la SCJN y el Tribunal Electoral de la Federación, obligando al
INE a continuar con los trabajos de la consulta, a la vez que, apretándose más
el cinturón, vaya y toque la puerta de la Secretaría de Hacienda para gestionar
más recursos. Seguro, Hacienda dirá que no hay más, por tanto, la consulta se
hará con el 45% de las casillas proyectadas. El 10 de abril habrá consulta, que
al menos deberíamos aspirar, cualquiera que sea el resultado, a lograr una
participación amplia de los ciudadanos y no sea una simple simulación de
ejercicio democrático como lo sucedido con el fiasco de consulta para enjuiciar
a los expresidentes.
Aprovecho
la oportunidad para desearles un año 2022, pleno en salud y bienestar para
todos.
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