Juan
José Ríos Ríos
Con el
inicio del año también comienza la cuenta regresiva para el Ayuntamiento de Zapotlán
el Grande para atender la variada problemática que tiene la administración
municipal que encabeza Alejandro Barragán Sánchez, que debe afrontar con la
disposición de un presupuesto de egresos estructurado para ello y con miras a
homologar salarios de los trabajadores, las prestaciones sociales en las que
también se benefician los regidores y para resolver los 90 casos jurídicos en
proceso que todavía están pendientes.
Es bien sabido que el 52 por ciento
del dinero presupuestado va directamente al pago de nómina, y aunque la nueva
administración dio de baja a los empleados que no tenían base y también no
había cumplido los 3.5 años que se requiere para ello, la nueva carga para el
erario público consiste en la homologación salarial para todos los
trabajadores, se destinan $10 millones de pesos para prestaciones de seguridad
social a través de Pensiones del Estado para todos los trabajadores, incluyendo
los eventuales y hasta los regidores.
También, de los poco más de $500
millones de pesos que comprende el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio
Fiscal 2022, se destinan 15 millones de ellos para hacer frente a las cargas
laborales que, a decir del alcalde Alejandro Barragán Sánchez, en los últimos
tres años no se atendió la problemática, se descuidó del todo a pesar de tener
celebrado un contrato con despacho jurídico externo y que con el paso del
tiempo le pueden significar un costo de 30 millones de pesos, cuando las
demandas y juicios en contra del ayuntamiento local superaban los 100 casos.
Sobre el tema, el propio alcalde dio
a conocer que ya se han resuelto diez de ellos, con recursos propios y con la
intervención de los abogados del área jurídica de la administración municipal,
ya no se contrata despacho externo, se ha hecho frente a los problemas de
omisiones y estrategias dilatorias que le han costado mucho dinero ya a las
arcas municipales. De los diez casos ya subsanados, los trabajadores optaron
por reintegrarse a las labores que desempeñaban en su tiempo o bien optaron por
el retiro definitivo, llegando a un arreglo económico conveniente para las
partes.
Pero la problemática del municipio y
en sí la que tiene al frente la nueva administración municipal, es más amplia y
va más allá de asuntos laborales, prestaciones sociales y homologaciones
salariales, que ya están prácticamente cubiertas al destinarles recursos
frescos del presupuesto aprobado para este año 2022, y aunque el alcalde
Barragán Sánchez ha señalado que del presupuesto se destinan $50 millones de
pesos para infraestructura y equipamiento, la ciudad, el municipio y sus
habitantes, todos, siguen padeciendo la falta de una prestación de servicios
públicos adecuados.
Estos servicios, que son carga
directa para el gobierno municipal, como lo son el aseo y el alumbrado público,
que están concesionados a particulares a un alto costo y con una deficiencia
digna de cancelación de ambas, siguen siendo problemas para los ciudadanos, los
que pagan los impuestos que permiten la maniobrabilidad del gobierno, y si bien
trabajadores sindicados, eventuales o de base, incluyendo los regidores,
recibirán mejores salarios y prestaciones, están obligados por ello a rendir
mejores cuentas y resultados, inician su prueba de fuego para demostrar que son
lo que prometieron en campaña, la diferencia en la forma de gobernar, sirviendo,
y administrando los recursos públicos.
Pasaron los primeros tres meses de
prueba, restantes del año 2021, ahora el tiempo empieza a contar con más fuerza
y presión para que les rinda y den los resultados, no solamente ofertados,
también por obligación deben de dar.
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