Juan
José Ríos Ríos
El 19
de febrero del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Nación el Decreto que
declara reformados los artículos constitucionales 108 y 111 con lo cual se
elimina el fuero que gozaba el Presidente de la República, que ya podrá ser
imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos
electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado
cualquier ciudadano.
"Para proceder penalmente
contra el Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante
la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto,
la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal
aplicable”, se establece en la citada publicación.
Esto, sin duda, es un gran logro
para el bien del país y de los mexicanos que, de aplicarse a cabalidad, pondrá
fin a la estela de corrupción e impunidad en la que han incurrido la casi
totalidad de quienes han gobernado el país, y que da margen para que haya
castigo o sanción a aquellos políticos que en los estados y municipios los
cometan, cuando, hasta ahorita, han sido intocados.
De acuerdo con el artículo 123 del
Código Penal para el Distrito Federal comete traición a la patria el mexicano
que: “Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la
Nación mexicana con la finalidad de someter a persona, grupo o gobierno
extranjero”, se establece en su apartado 1.
En su apartado VI, indica: “Tenga en
tiempo de paz o de guerra, relación o inteligencia con persona, grupo o
gobierno extranjero o le dé instrucciones, información o consejos, con objeto
de guiar a una posible invasión del territorio nacional o de alterar la paz
interior, entre otros trece apartados más.
Pues bien, si ya el mismo Presidente
de México puede ser juzgado por cualquier delito por los que pueda ser
enjuiciado cualquier ciudadano, cómo se puede calificar la alianza y la reunión, en instalaciones del mismo senado de la
república, de los legisladores panistas que agasajaron al líder de Vox,
Santiago Abascal, y sellaron su alianza con ese partido con la firma de la
Carta Madrid, que el líder español impulsa?.
Esta acción cabe
en cualquiera de los dos supuestos que contemplan los apartados uno y seis del
artículo 123 citado líneas arriba, pero, que se sepa, ni organizaciones, ni
otros partidos o persona civil alguna han expresado nada al respecto, salvo lo
dicho por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al calificar de
vergonzoso en besamanos que realizaron con este acto 17 senadores del PAN.
Sin duda en un
país, como el nuestro, donde el gobierno actual habla y trata de aplicar en la
realidad la verdadera democracia y la participación ciudadana, es posible
realizar alianzas y convenios que tiendan a mejorar las condiciones de paz y
bienestar del país, pero con la participación y trabajo de los mexicanos, sin
injerencia extranjera y mucho menos de extremistas y líderes de grupos o
partidos ajenos a los intereses de los mexicanos.
Sin duda que los
partidos y los funcionarios que ocupan cargos públicos en el Senado y en el
Congreso Federal, no son la Nación que conformamos todos los mexicanos, y que,
con ejemplos de este tipo, manifiestan más públicamente sus particulares y
mezquinos intereses, que si bien no pudieran legalmente alcanzar la
calificación de traidores de la patria, sí merecen el repudio público y que se
les ponga en su lugar.
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