Justicia tardía, ilegalidad siniestra

 

Pedro Vargas Avalos

 

Recientemente se ha puesto en la palestra el tema de la injusticia, específicamente en relación a personas que por demasiado tiempo han padecido la prisión sin ser sentenciadas; de igual manera se toca el tema de aquellos desdichados que están en la cárcel debido a que fueron crudamente torturados.

 En los pasados sexenios, en tratándose de administración de justicia, salvo el clamor del pueblo llano que siempre ha tenido sed de ella, la indiferencia general imperó, y ese silencio operó a favor de la injusticia, la cual creció como hidra repugnante.

Viejos dichos populares como aquel de que la cárcel es para los pobres, o el código penal para aplicarse a los necesitados, cobraron vigencia notoria. Mientras, los políticos y funcionarios públicos, se comportaban como quien ve llover y no se moja, es decir, indiferentes. Pero eso ya se experimentaba desde antaño: el célebre sabio Solón decía que, “Las leyes son semejantes a las telas de araña; detienen a lo débil y ligero y son deshechas por lo fuerte y poderoso.” O lo que es lo mismo, el fuero o la impunidad para el ladrón de cuello blanco, la penitenciaría para el que roba una pequeñez.

Existen muchos casos de injusticias, comenzando con la que se infiere a las víctimas de los delitos, que sin embargo registran varias disposiciones a su favor, mismas que lamentablemente con los imperfectos sistemas de justicia que nos rigen, casi nunca se aplican.

El tipo de iniquidades a que ahora nos referimos, son las que se enfocan con los presos que, con más de dos lustros de ser cautivos por ilícitos de reducidas penas, no han sido sentenciados. Lo mismo sucede con aquellos que en iguales circunstancias, ya cumplieron 75 años de edad. También se encuadra a los reos que, siendo mayores de 65 años, y que padecen males crónicos, se les impide encarar sus procesos desde sus domicilios.

Un muy delicado tema es el de los reclusos que fueron víctimas de tormentos, hipótesis que desgraciadamente abunda en nuestro medio. El primer mandatario federal declaró hace unos días que, todo interno en cárceles federales que haya sido torturado, y los malos tratos se comprueben mediante el Protocolo de Estambul, será muy pronto liberado. Ese método se gestó por medio de la ONU en 1999, y lo que pretende es abatir los abusos de las autoridades hacia los particulares.

Sobre el tema de los atormentados, manifestó Alejandro Encinas, Subsecretario de Gobernación para los derechos humanos, que: “Tratándose de tortura, no podemos andar con medias tintas ni con duda. Cualquier persona, sea quien sea y haya sido objeto de tortura, debe ser puesta en libertad de inmediato y los torturadores deben de ser castigados”. Esto es una verdad tan grande como la luz del sol, pues si los que atormentan recibieran inmediato castigo, ya se habrían reducido al máximo tan perniciosas prácticas.

Es muy cierto que es preferible sufrir una injusticia, que cometerla, pero a muchas autoridades eso no les interesa, y por ello son más desgraciados -los mandos torturadores- que quienes aguantan sus arbitrariedades. Por ello se debe luchar sin cuartel contra todas las ilegalidades, recordando que la peor forma de impartir injusticias es la justicia simulada, manera de proceder que tienen muchos jueces, como innumerables agentes de la procuración de justicia. Y este procedimiento, aplicado a un individuo, debemos considerarlo como una amenaza enderezada a todos, tal como lo afirmó el enorme luchador por los derechos humanos Martin Luther King: “La injusticia en cualquier lugar es una amenaza en todos lados.”

Aunque el decreto que anunció el primer mandatario de la nación es para el ámbito de la federación, es inaplazable que, en las 32 Entidades del país, se asuma el problema con seriedad, se emitan las disposiciones conducentes y con ello alivien el dolor de los encarcelados que están en similar situación que los presos del fuero federal.

Y no se crea que es menor el número de casos que se registran en los Estados, pues en el fuero común, sin sentencia se cuentan 82 mil 189, en tanto que del fuero federal existen 12 mil 358, alrededor del 15%. Los números son elocuentes y obligan a que localmente se remedie tan grave problema.

La justicia, como lo establece la Constitución, tiene que administrarse sin cortapisas, debiendo ser rápida, expedita, lo cual no se cumple, según podemos entenderlo al saber que hay tantas personas detenidas, por más de 10 años, sin sentencia ni consideraciones legales, ya sea por su edad, peculiares circunstancias o su quebrantada salud.

El problema atañe a todos los órdenes de gobierno, y dentro de estos, especialmente lo tiene que atender el Poder Judicial, tanto el de los estados como el Poder Judicial de la Federación. Lástima que, en estos organismos, sobre todo los estatales, es típico que siempre se escuden en la falta de presupuesto, argumentando que es la razón por las que les falta personal, carecen de equipos, etc. Ah, pero eso sí, la austeridad en sus ingresos no figura, sino que disfrutan de costosas prestaciones y hasta bonos de marcha se otorgan, para enseguida gozar de pensiones doradas, que son cachetadas en pleno rosto del pueblo y la justicia.

Debemos recordarles a esos personajes, y el gobierno tener bien presente, lo que expresó el enorme tribuno romano que fue Cicerón: Nada hay más injusto que solo buscar remuneraciones en la justicia. Y para colmo de males, si esta es tardía, se torna en la más siniestra de las ilegalidades.

Por lo anterior, es que todos debemos coadyuvar en la medida de nuestros alcances y en el ámbito de nuestras actividades, a terminar con la injusticia, la corrupción y la impunidad, pugnando porque impere la razón, la honradez y la solidaridad.