Fiscalías trabadas

 

 

Pedro Vargas Avalos

 

 

Desde hace unos años, se inició el proceso de cambiar el nombre de las Procuradurías de Justicia, tanto a nivel federal como estatal. La denominación que salió avante fue la de “Fiscalía General”, de tal suerte que, a nivel nacional se llama Fiscalía General, y de igual forma se le conoce en casi todas las Entidades Federativas.

En Jalisco, el mes de febrero de 2013, siendo gobernador Emilio González Márquez (el expedemista que, como neopanista, llegó a la gubernatura y en tal ejercicio nos mentó la madre a los jaliscienses), se emitió una nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la cual liquidó a la Procuraduría General de Justicia; en su lugar aprobó crear una Fiscalía General del Estado, jefaturada por un Fiscal General (art. 27).

En esa ocasión, a la nueva Dependencia, además de su medular objetivo de presidir el Ministerio Público y procurar la justicia (incluyendo salvaguardar los derechos humanos), se le agregaba la función de la Seguridad Pública. Sin embargo, a pesar de que su nombramiento se hacía por mayoría calificada del Congreso, continuaba supeditado al gobernador, quien lo podía remover libremente (art. 28). Era pues un organismo más poderoso que su antecesor, pero con mayor discordancia social por no tener autonomía respecto al Ejecutivo.

Por lo que ve al sistema federal, el año de 2014, se reformó la Constitución Política nacional para crear la Fiscalía General de la República (FGR), con la característica de ser autónoma del Poder Ejecutivo y con el fin de reemplazar la vetusta Procuraduría General de la República (PGR), cuyo desempeño era marcado por su falta de independencia, evidente corrupción y sus magros resultados. Pero se previno en la reforma que, el Fiscal General de la República inicial que fungiría al declararse la autonomía de la Fiscalía, sería el Procurador en ejercicio.

La autonomía de la FGR, el Congreso de la Unión declaró que entraba en vigor, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, luego que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2018. Incontinenti sería el proceso para elegir el primer Fiscal General del país. Desahogado el trámite conforme el artículo 102 constitucional, el Senado designó para tan delicado puesto al Lic. Alejandro Gertz Manero, cuyo período de 9 años vence hasta 2027.

En aquella misma fecha (diciembre de 2018) se expidió por el actual primer mandatario federal, la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, lo cual fue trascendental porque formula las bases para asegurar que, el fiscal general y los fiscales especializados que investigarán casos de derechos humanos, corrupción, delitos electorales y otros, serán independientes administrativa y políticamente del poder ejecutivo.

Sin embargo, lo anterior no fue replicado en los Estados de la nación. En Jalisco, si bien la ley suprema local (artículo 53 constitucional) dispone que, “La Fiscalía General del Estado es un Organismo Público Autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios”, se expidió a instancias del entonces ejecutivo electo, Enrique Alfaro, una nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (decreto 27213, 4-dic-2018), que contiene la sola novedad de quitar la seguridad pública a la Fiscalía General estatal, pero dejando el anterior sistema de elección y remoción del Fiscal: el artículo 6° de dicha ley, señala que la Fiscalía es parte de la administración centralizada de la Entidad; complementariamente, el dispositivo 33 de dicho Ordenamiento, expresa: “El Fiscal es designado por el Gobernador del Estado y debe ser ratificado por el Congreso del Estado por el voto de cuando menos, las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión correspondiente. El Fiscal General puede ser removido libremente por el Gobernador del Estado”. En pocas palabas, ese poderoso servidor público, en los hechos sigue dependiendo del gobernador en turno, y hasta de sus inmediatos colaboradores. Con ello, los miembros de la comunidad continúan expuestos a ser víctima de injusticias, atentados o desmanes legaloides.

Y si lo anterior priva en Jalisco, con algunas modalidades en los restantes componentes del Pacto Federal, se hicieron adecuaciones normativas, con los extravíos que antes padecían las Procuradurías. Un caso elocuente lo es el del bastión panista Guanajuato, cuyo Fiscal (Carlos Zamarripa) es investigado por la FGR: este personaje ejerce el cargo desde hace varios lustros, y su Entidad está sumida en tristísima situación de violencia, impunidad e inseguridad jurídica. Algo parecido sucede en Morelos, por lo que en el Congreso de la Unión se busca el desafuero del Fiscal Uriel Carmona.

Un común denominador de la procuración de justicia, ya en el fuero federal como estatal, es la carencia de resultados. No se nota su lucha contra la delincuencia, tampoco se advierten mejorías en la seguridad jurídica; en cambio el burocratismo es imperante en sus procedimientos y es notorio el atraso en su equipamiento. La gente a diario se queja del tortuguismo, deficiente atención y lo peor, afirma que imperan las corruptelas y abusos.

En el ámbito federal por doquiera le llueven críticas al Fiscal General, (que ya es apodado ‘tortugertz’) pues en muchísimos casos, tanto de ilícitos de los llamados de “cuello blanco”, que se imputan a exfuncionarios públicos, como los que perpetran empresarios defraudadores y capos del narcotráfico, no se ven sus acciones contra ellos, o si acaso, por la lentitud con que se conducen, apenas se advierten.

En resumidas cuentas, las fiscalías tanto federal como estatales, están sin cumplir sus objetivos de procuración de justicia, ni proceden ceñidos por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, que las normas supremas ordenan. Cuando la sociedad las evalúa, sustenta la idea de que en sus organigramas persisten o sobreviven, hábitos y personas que no deberían estar allí, porque representan a los viejos políticos cuya trayectoria popularmente es condenada por sus saqueos y arbitrariedades, registradas cuando se desempeñaron en cargos dentro de los gobiernos llamados neoliberales.

Y esas críticas, sumadas a la desinformación que suele acompañar a sus acciones, generan desconfianzas, mismas que se agravan en el fuero local porque sencillamente, las Fiscalías estatales siguen dependiendo de los gobernantes, y con ello arrastran los mismos defectos que se imputaban a las anacrónicas y ya desaparecidas procuradurías de justicia. Porque las supresiones de éstas, en la realidad solo fueron en el papel, puesto que todas las reformas al respecto, poseen el típico estilo gatopardiano, es decir, se cambia mucho para seguir iguales.

 En consecuencia, en muchos foros de abogados, y no digamos de otros profesionistas o de simples ciudadanos, se concluye que lo que hoy por hoy tenemos, en materia de procuración de justicia y ministerio público, son virtuales fiscalías trabadas, o cuando menos, aturdidas.