Juan
José Ríos Ríos
Acostumbrados
como estamos a que hagan de nosotros los ciudadanos lo que se les antoje a
quienes tienen el poder económico y político en el país o en los estados en que
vivimos, de nueva cuenta se da un incremento al costo de peaje en la mal
llamada Autopista Guadalajara/Manzanillo, pago por utilizar una vía hecha con
recursos públicos cuyo costo inicial de inversión ya se ha cubierto varias
veces su valor desde que fue construida y, pese a ello, se sigue pagando por su
tránsito por particulares.
Esta ruta, sobre todo en el trayecto
Colima-Atenquique, ha sido escenario de continuos y trágicos accidentes en
donde además de los daños materiales cuantiosos se han perdido vidas humanas,
un proyecto iniciado desde el gobierno encabezado por el Presidente de México,
Miguel de la Madrid Hurtado, en dos carriles, y que pese al tiempo transcurrido
no se ha podido terminar la ampliación-completa-a los cuatro carriles, obra
detenida por litigio entre particular y la responsable de su construcción, en
un tramo cercano a la Caseta de San Marcos.
Con el paso de los años esta ruta,
mal llamada autopista, principalmente por el mal estado en que se encuentra
casi siempre y escenario de continuos cortes o desviaciones por obras de
mejoras que, además de ser parches mal hechos en su gran mayoría les toma mucho
tiempo concluirlas, ha demostrado su utilidad pero también es muy utilizada por
vehículos de carga que incumplen-en su gran mayoría-con las condiciones de
seguridad requeridas para transitar y sobre todo para no poner en riesgo a los
demás.
Por aquí circulan incontables tráileres
que transportan carga hasta en dos ejes, prohibido su uso y circulación en
otras partes, pero donde tienen manga ancha, nadie les impide transitar y las
más de las veces a velocidades que superan los límites permitidos. Sin duda que
este tipo de transporte, a falta de otras formas de trasladar mercancías o
productos nacionales o importados que generalmente llegan al y salen para su
distribución del Puerto de Manzanillo, es muy importante y hasta necesario por
las carencias que hay en la materia, pero que no por ello no debe de regularse
en bien y protección de los demás usuarios de la autopista en cuestión.
Este tipo de proyectos están dentro
de los denominados de incumbencia federal, pero en el caso de la autopista
Guadalajara/Manzanillo implica su trazo los estados de Jalisco y de Colima, y
que son autónomos de manera constitucional y se puede argumentar que la
problemática que se padece en ésta no es de su incumbencia, sí debieran de
intervenir los mandatarios de ambas entidades, porque sí es obligación de ellos
velar por la seguridad e integridad de sus supuestos representados.
Pero, en el caso de Jalisco, al Gobernador Enrique Alfaro “le preocupa” mucho la contaminación ambiental que se padece en la Zona Metropolitana de Guadalajara y con parte de las medidas para que sea menos impactante y reducirla por las emisiones que producen los automotores, impuso la denominada “Verificación responsable”, que si bien tiene un sustento legal y se puede considerar como necesaria por los efectos que los humos que producen los automotores mal acondicionados, y que para transitar con placas de otros estados se tiene que tener hasta un permiso temporal so pena de sanción, no deja de considerarse una forma más de castigar el bolsillo de los ciudadanos, pesa más el humo que las vidas humanas, las acciones de protección ciudadana no llegan a las carreteras federales ni estatales, baste con ver el estado que guarda la Vía Corta a Colima, no hay acción o gestión para que se concluya la autopista ni para que se regule su uso por parte de los camiones de carga, mientras éstos o por sus causas siguen originando accidentes y pérdida de vidas humanas.
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