Pedro
Vargas Avalos
No hay
fecha que no se cumpla ni plazo que no se llegue, y en materia de prácticas
democráticas el pueblo mexicano tiene el inminente uno de agosto, la gran cita
para consolidar su andadura votante, apenas vitalizada en los comicios de 2018,
tras más de un siglo de ficciones electorales. Desde Madero, para ser precisos.
Se
han vencido enormes reticencias, necias oposiciones, soterrados impedimentos;
pero al fin, luego de adicionarse la Constitución Federal en su artículo 35,
fracción VII, millones de mexicanos, con
el apoyo del legislativo y del poder ejecutivo, lograron que la Suprema Corte de Justicia
(SCJN) aprobara (con modificaciones) como constitucional, la convocatoria de
consulta popular para que los ciudadanos digan: sí o no, al enjuiciamiento de quienes
sumieron durante los recientes lustros a la nación, en una especie de foso,
mismo que concluyó como un patente despeñadero.
Todavía
el Instituto Nacional Electoral (INE) observó una actitud renuente, aduciendo
insuficiencia presupuestal, luego que sus consejeros y altos funcionarios, se
despachan con la cuchara gorda gastando y cobrando a manos llenas, aún de
manera anticonstitucional. Pero para esta especie de plebiscito no había
recursos. No encontró eco en sus demandas de dinero y, obligado a organizar la
Consulta, vino a recortar el número de casillas, a más o menos una tercera
parte de las que instaló en las elecciones de junio.
La
difusión del ejercicio electivo, no fue animado oficialmente sino hasta el día
15 de julio. Y en las conferencias y declaraciones del presidente del INE, se
enfatizaba que no era la Consulta para decidir el enjuiciamiento de los
expresidentes de la república (como inicialmente lo había planteado el actual
primer mandatario), sino simple y llanamente, decir “si” o “no”, a la pregunta
que aprobó la SCJN, que dice: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo
las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para
emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en
los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia
y los derechos de las posibles víctimas?”.
Tal
como se aprecia, la interrogación, de ser simple como se propuso originalmente
pues se precisaba el nombre de los exmandatarios nacionales desde Carlos
Salinas, ahora quedó compleja, barroca, y para muchos sufragantes, casi
ininteligible. Se pidió a la Corte que aclarara esos términos, pero no se
obtuvo respuesta. Empero, los ciudadanos se han concientizado de que se trata
de emitir su voto para juzgar, sí o no, a dichos exmandatarios.
Para
los partidos de oposición, nada atractivo resultó esta convocatoria
plebiscitaria. Los panistas sostienen que es una “payasada”: Damián Alcázar,
exlíder blanquiazul, así lo afirmó. Y Markito Cortés, en sus medianías,
sostiene que los dineros que se gastarán en la Consulta, deberían usarse para
comprar medicinas, con lo cual se exhibe como el gran ignorante, pues ese gasto
está etiquetado en el presupuesto del INE, y no tiene otro destino que dicha
Consulta.
Los
priistas, que desde Salinas (e incluso De la Madrid, el introductor del
neoliberalismo) hasta Peña Nieto, no tienen punto de apoyo para defenderlos, se
muestran reacios y no hacen mayor esfuerzo para difundir el tema de la
Consulta. Esa pose mediocre le caerá como pesada loza.
El
mismo AMLO, aunque respalda este acto democrático, declaró que no votará porque
es de la idea de que, en relación a los expresidentes, se debe partir de que ya
es un punto y aparte. Pero eso sí, sostiene que, si el pueblo lo manda,
secundará que se enjuicie a los susodichos mandamases neoliberales: Salinas,
Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto.
El
partido en el poder, MORENA, ha puesto todo su vigor en promover la
participación de la ciudadanía en la Consulta del uno de agosto. Y lo mismo
hacen sus aliados, el Partido del Trabajo y en menor escala, el Verde. Igual
varios organismos independientes (como el Ejército Zapatista de Liberación
Nacioal) o activistas sin partido.
Beatriz
Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, invitó a
las personas a participar en la multicitada consulta popular, y por aquello de
que, “quien se quema con leche, hasta al jocoque le sopla”, aclaró que su promoción es gratuita, teniendo
en cuenta la que le pasó a la esposa de Fosfo Fosfo, apodo de Samuel García, el criticado gobernador electo de Nuevo León:
el INE le impuso una multa por haber sido impulsado en redes sociales por su
cónyuge (la influencer Mariana Rodríguez Cantú), siendo él candidato.
La
llamada prensa nacional, o tradicional, ha sido remisa, salvo honrosas
excepciones, en divulgar la Consulta y exhortar la participación ciudadana.
Pero concurrir a votar en estos ejercicios, fortalece la conciencia cívica,
refuerza los derechos de los individuos y con ello se consolida la democracia.
Es
cierto que la ley suprema del país, establece un porcentaje de votación para
que el resultado de la Consulta sea vinculante, es decir obligatorio para las
autoridades, y lo ideal es que se logre. Sin embargo, aun suponiendo que no se
alcance la proporción exigida, será socialmente útil que la población
manifieste su valoración, y se pronuncie sobre los que gobernaron a la
república y la desplomaron.
Por
lo anterior, es que todo ciudadano con responsabilidad cívica, debe acudir a
las urnas y emitir su voto el domingo uno de agosto. El sí se impondrá, auguran
los conocedores de estos menesteres; empero, si no se está de acuerdo,
participar será la mejor oportunidad para demostrarlo, puesto que el “no”,
también es respuesta lícita. Refugiarse en actitudes de avestruz, no es válido
y mucho menos democrático: acudamos a las urnas y fortalezcamos nuestro civismo.
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