Juicio a expresidentes

 

Rafael Martínez Rodríguez

 

 

Todos los presidentes al final de su mandato dejan pasivos y activos, algunas cosas hacen bien y otras mal, y son elegidos para que dentro del marco de sus atribuciones ejerzan el poder de tal manera, que se vea reflejado un bienestar generalizado, donde la mayor parte del tiempo su trabajo es esencialmente la toma de decisiones, las cuales repercuten de manera positiva o negativa según sea el caso.

 Y son “las decisiones erróneas”, las que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador quiere sancionar. El Presidente de la República optó por hacer una consulta ciudadana para efecto de saber si el pueblo mexicano quiere hacer un juicio, en contra de los últimos cinco expresidentes, y esto causa todo un revuelo político a su alrededor, pues el hecho de querer un juicio a manera de cacería de brujas genera que la ciudadanía tenga expectativas altas sobre el resultado que el juicio pueda tener.

 La consulta ciudadana que pretende hacer el ejecutivo nacional, es para tomar la decisión de llevar al banquillo de los acusados a los expresidentes, siendo este hecho aberrante para nuestra constitución, pues la justicia no se puede negociar, no se puede someter como en los tiempos de Jesucristo y Barrabas, porque si existen las pruebas contundentes, el fallo seria inminentemente en contra de los expresidentes.

La consulta está creando un ambiente acusatorio, prejuzgando antes de juicio, pues la propia desconfianza que adolece al Presidente de la República con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, da como resultado que la ciudadanía crea que con votar a favor del juicio ya pueden apresar a los expresidentes, cosa que no sucederá así.

Los presidentes como todos los ciudadanos tienen derecho a ser tratados como inocentes conforme al artículo 20 de nuestra Constitución Política, y el hecho de prejuzgarlos dentro de una consulta ciudadana con alcances políticos, puede poner en riego el fallo que se pueda originar, si existiese un juicio, además, no solo pueden tener defensa los expresidentes en nuestro país, sino también en la Corte Interamericana de los Derechos humanos, la cual es la encargada de velar los derechos humanos de los ciudadanos de todos los países miembros, entre ellos México.

 A mí consideración el Presidente de la República quiere hacer un espectáculo político de este tema, pues no ha dejado de involucrarse en la política interna del país, cuando debería estar ejerciendo su cargo sin distinciones partidarias, y bajo esa óptica reunir las pruebas suficientes y contundentes para no solo llevar a juicio a los expresidentes, sino en caso de que esas pruebas sean fehacientes, llevar a la cárcel por los delitos que se comprueben a los exmandatarios, sin ninguna consulta previa ni comprometiendo las investigaciones que se estén realizando.

Si el Presidente quiere popularidad, y dejar en claro que su mandato es de estricto estado de derecho, debería comenzar con aplicar la ley sin titubeos y sin negociarla, pues logró llegar a la Presidencia por el apoyo de las mayorías, por ende tiene el respaldo del pueblo para no solo aplicar la ley a los expresidentes, sino a todos los criminales.

 De acuerdo estamos los mexicanos que se castigue con todo el peso de la ley a los expresidentes si se tienen las pruebas suficientes, lo que es reprobable es el hecho de consultar al pueblo la aplicación de la ley, pero sobre todo el hecho de que el presidente desconfié de las instituciones, y que no realice acción alguna para depurarlas y fortalecerlas para que no solo enjuicien sin consultas a los expresidentes, sino a cualquiera que atente contra los ciudadanos o contra nuestro país en el ejercicio de algún cargo público. Lo manifestado por John F. Kennedy es elocuente para concluir: “no podemos negociar con aquellos que dicen, -lo que es mío es mío, y lo que es tuyo es negociable”.