Como
resultado del trabajo de investigación especializado que llevó a cabo la
Fiscalía del Estado y la imputación que realizó contra seis policías
municipales por su probable responsabilidad en el delito de desaparición
forzada de personas en el municipio de Sayula, un juez de control los vinculó a
proceso.
Se
trata de David “N”, Juan Carlos “N”, Eduardo “N”, Martín “N”, Claudia “N” y
Carolina “N”, quienes a solicitud del agente del Ministerio Público
permanecerán un año en prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.
Su captura se desprende
del trabajo de investigación especializado en gabinete y campo que realizó la
Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) con el objetivo de
esclarecer los hechos en los que desapareció una persona en la demarcación ya
referida.
Resultado de ello es que
se obtuvieron datos de prueba sólidos de la probable participación de los
oficiales antes señalados en el hecho antijurídico ya referido, por lo que se
allegaron dichos elementos a la carpeta de investigación y se solicitaron
órdenes de aprehensión contra ellos.
Al existir fundamento,
un Juez de Control y Oralidad giró los mandatos judiciales, y los
elementos fueron capturados mediante los protocolos establecidos, en la
Comisaría de Seguridad donde elementos de la Policía de Investigación les
notificaron su situación jurídica y garantías constitucionales.
Una vez que quedaron a
disposición del órgano jurisdiccional, el agente del Ministerio Público de la
FEPD los imputó por el ilícito ya referido, aportando datos de prueba que
generaron certidumbre en dicha autoridad quien determinó iniciarles un proceso
penal en los términos ya referidos.
Es importante precisar
que las diligencias del caso continúan ya que el impartidor de justicia fijó el
plazo de 4 meses y medio para el cierre de la investigación complementaria.
Con estas acciones la
Fiscalía del Estado de Jalisco da cumplimento a su compromiso de trabajar de
forma permanente e ininterrumpida en la búsqueda de personas para dar respuesta
a esta exigencia social y cerrar los espacios de impunidad, salvaguardando los
derechos de las víctimas.
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