Justicia migratoria

 

 

Pedro Vargas Avalos

 

Para muchísimas naciones, de los cinco continentes del mundo, es muy trascendente lo que en Estados Unidos se resuelva en materia de migración, pues la meta de radicar en la tierra del tío Sam es sustancial, ya porque busquen trabajar en ella, ya porque quieren reunirse con sus familiares que allí viven o porque sean perseguidos en sus lugares de origen y buscan refugio seguro, e incluso porque quieren invertir en la potencia estadounidense.

Para los mexicanos, es mayúsculo el interés en esa materia debido a nuestra vecindad, lo cual, aunado a los millones de compatriotas que allá han radicado, más el factor de pobreza, que en la república genera multitudes de aspirantes a ingresar, tuerto o derecho, al país de las barras y las estrellas, da como resultado que en 2020 hubiese en nuestro vecino norteño cerca de 37 millones de paisanos.

La afluencia es constante y ni leyes, policías o muros la inmovilizan. En menor escala, pero también creciente e imparable es la migración del resto de América y otras partes del orbe. Por ello hay a la fecha más de once millones de indocumentados, así como otros muchos esperando tramitar sus papeles migratorios desde fuera del territorio norteamericano.

Uno de los puntos más importantes de la campaña electoral del ahora presidente Biden, fue el tema migratorio: el mal recordado Trump se había convertido en el peor enemigo de los emigrantes, y el señor Biden se comprometió a revertir esa actitud para recobrar el espíritu estadounidense de ser una nación de emigrantes. Triunfó y ahora en la presidencia procura cumplimentar sus compromisos.

El jueves 18 de este mes de febrero, allá en Washington, se presentó al Congreso yanqui el plan de reforma migratoria que el mandatario y los demócratas, consideran será el remedio para que por fin esos más de once millones de indocumentados, logren ser residentes legalizados y en su momento se les conceda la ciudadanía. Dos legisladores de ascendencia iberoamericana (Bob Menéndez y Linda Sánchez, cubano y mexicana, respectivamente) se encargaron de realizar esa tarea, y al parecer todos los demócratas respaldan la propuesta y se confía que se sumen tantos republicanos cuanto sean el número suficiente para aprobar la iniciativa.

Los requisitos y condiciones para que un indocumentado se regularice son muy accesibles: no tener antecedentes penales y haber ingresado a los Estados Unidos (EUA) antes del presente 2021.  De ser aprobado ese proyecto, varios grupos que el inefable Trump tuvo a raya como los del Programa de Acción Diferida llamado DACA, y Estatus de Protección Temporal (TPS), serían beneficiados de inmediato, lo que sería justo premio por lo que padecieron durante el anterior gobierno.

Y si en ese conjunto, ya hay paisanos, en el siguiente será gran mayoría, pues se refiere a los trabajadores agrícolas que hayan laborado al menos cinco años, que por ese solo hecho recibirán su “Green Card” o sea su tarjeta de residencia permanente, con la cual en tres años podrán acceder a la ciudadanía. Recordemos que para México eso significa mucho, pues además de resolver un problema social, ayuda a solventar el de orden económico, pues los mexicanos que laboran al otro lado del Río Bravo, envían a sus familiares que residen en su patria, nada menos que más de cuarenta mil millones de dólares anualmente: es cifra que compite con las de turismo o de inversión extranjera directa, superando además los capitales que malos connacionales exportan a la tierra del dólar, a sabiendas del perjuicio que infieren a la nación: son apátridas embozados, y por tanto insensibles a la solidaridad nacional.

En aquel grupo de beneficiados, (volviendo a nuestro tema de los indocumentado). De igual manera se incluye a quienes hayan prestado servicios o mano de obra en infraestructura esencial; se acelerarían los casos de aquellos que tienen parientes, y el de parejas mixtas (cuando uno tiene Green Card y el otro nada) que en estos tiempos son muy comunes.

De especial relevancia en este proyecto de ley migratoria, se contempla prohibir deportaciones de quien esté tramitando su regularización, así como eliminar la sanción de 3 a 10 años que se aplica a los que han vivido irregularmente en EUA. Aquellos, por el solo hecho de sus trámites para documentarse, recibirán permiso para trabajar en tanto se desahogue su petición regulatoria.

Complementan ese esperado plan migratorio del mandatario demócrata estadounidense, la flexibilización para las peticiones de asilo, de víctimas de violencia doméstica, de testigos en hechos judicializables y para familiares de ciudadanos cuando aquellos residen en el extranjero.

En la república mexicana y muy especialmente en Jalisco y entidades limítrofes, no hay población que no registre enorme número de “norteños”, como se designa a los paisanos que se van a trabajar (con papeles o sin ellos) a EUA. De allí lo importante para nosotros que se apruebe esa iniciativa.

El primer mandatario mexicano se expresó muy positivamente de esa propuesta de Biden, coincidiendo con éste en que ojalá se apruebe pronto, ya que como afirmó el flamante inquilino de la Casa Blanca, “es urgente devolver la justicia, la humanidad y el orden” al sistema de inmigración de Estados Unidos, la tierra de Lincoln, el inmortal prócer de la libertad.