Derecho a la salud

 

 

 

Juan José Ríos Ríos

 

 

Ahora que hay tantas voces y posturas abolicionistas que claman la despenalización del uso de estupefacientes, como la marihuana, y en un tema que se sigue considerando tabú, como lo es el aborto, y aunque es muy cierto que no es recomendable la automedicación, en bien de la economía y de la salud de los que menos tienen ¿ por qué no se toca el asunto de los medicamentos controlados, que sólo se surten mediante receta prescrita por un médico, concretamente en el tema antibióticos?

            Ahora, ante el pánico colectivo por la pandemia del COVID-19, que en mucho se justifica por el grado de contagios y lamentables fallecimientos de personas que está ocasionando, pero que se magnifica más por tanto comentario y noticia que, sobre el tema y más cuando se hace de forma alarmista, se difunde por los medios de comunicación masiva, como la televisión, y que se utiliza, lamentablemente, más como herramienta de tipo político, para desvirtuar lo que se hace o lo que supuestamente no se hizo en tiempo y en forma, tema al que incluso se han subido algunos gobernadores de los estados, muchos ciudadanos que sufren de un síntoma de los que se consideran por el sector salud como una de las manifestaciones de contagio, buscan aliviarse con remedios caseros porque no tienen dinero suficiente para pagar la consulta médica y mucho menos para el paquete de medicamentos, que normalmente les prescribe un profesional de la salud al debieran o pudieran acudir.

            Esta es una realidad y tal vez una regulación que debiera de considerarse por quien o quienes la impusieron y está vigente. Antaño, era posible que un ciudadano que padeciera de una infección, leve o grave, acudiera a una farmacia para adquirir los antibióticos que en la propia negociación y por los empleados que la atienden, un tanto experimentados en el tema, les pudiera sugerir vender, o bien que por experiencias pasadas el mismo enfermo sabe que le curan el problema que presenta, y aunque lo deseable es siempre el poder acudir al médico para el adecuado diagnóstico y la prescripción del medicamento que lo cure del padecimiento infeccioso que su paciente presente, pero, para muchos, esto no es posible por falta de dinero, y si a eso se agrega que el supuesto enfermo no cuente con atención de su salud por parte del IMSS o ISSSTE, se le complica más su situación.

            Lo peor del caso es que cada día hay un aumento constante en el costo de los medicamentos, en muchas farmacias hasta le tachan el precio oficial de algunos productos que tienen a la venta del público, lo que resulta sospechoso y sin duda hasta ilegal, hay también escases de muchos fármacos, y en ocasiones la lista de la receta emitida por el médico es tan grande y los costos de los medicamentos son tan elevados, que el enfermo se pone peor por el pánico que le representa desembolsar un dinero que tal vez apenas le ajusta para dar de comer a su familia. Esto es real y muy frecuente, lo que debiera de tomarse en consideración en favor del desamparado por las autoridades competentes.

            Hay ocasiones en que el enfermo, que incluso fue a consulta con un médico particular, no se alcanza a curar con los medicamentos prescritos por el galeno, o bien que alguno de éstos le ocasionó reacciones que le están causando problemas en su recuperación, y aunque la mayoría de los profesionales de la salud atienden al paciente, ya sea vía telefónica o incluso yendo al consultorio y por lo cual no cobran nuevamente sus servicios y asesoría, además de sugerir el cambio o empleo de otro medicamento, no puede, por cuenta propia, volver a surtir su receta porque en la farmacia donde la surtió le recogen el documento, obligando al enfermo a recurrir al médico que lo atendió o con otro diferente, lo que le ocasiona empleo de tiempo, más dinero y limitaciones que, al perecer, tienen menos peso que despenalizar algo que, para algunos, pone en riesgo no solo la salud, sino hasta la vida misma.