Anticorrupción e impunidad, a prueba

 

 

Pedro Vargas Avalos

 

 

 Al sol no se le puede tapar con un dedo. Verdad como una catedral ha sido la existencia de la corrupción y la impunidad en nuestra nación. El presidente del país asegura que la principal causa de los males nacionales es la corrupción a la par de la impunidad; una certidumbre ciudadana es que a la fecha no se ha podido vencer a esos fenómenos, si acaso hacerles un poco más que cosquillas.

A nivel federal se asevera que la lucha es sin cuartel, pero los hechos no avalan tal afirmación: los casos de Rosario Robles y Emilio Lozoya, no son suficientes para acreditar el aserto: la primera se dice víctima de persecución política, sin probarlo; el segundo negoció el ventajoso nivel de testigo protegido, por lo que goza de cabal salud. De éste se desprendió el asunto de Ancira, el de los Altos Hornos preso en España, por lo que resulta accesorio y además, está en veremos.

Algunos refieren el puñado de exgobernadores ladrones, unos presos y otros prófugos, pero esa materia, que a estas alturas ya parece un retintín, no es propio de este sexenio sino más bien un engendro de los predecesores de AMLO y la extinta Procuraduría General de la República (PGR).

Un proceso que apareció como muy importante, es el que se inició en Estados Unidos contra el exSecretario de Seguridad de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, es decir Felipe Calderón, mismo que ha perdido revuelo y nos tiene a la expectativa, reconociendo en todo caso que quienes han hecho la tarea al respecto, son nuestros vecinos distantes. Lo que de allí resulte, será de carambola, mera eventualidad.

Se habla de que hubo un pacto de impunidad entre el actual primer mandatario y el anterior presidente.  Este en propia voz, a cada rato reitera que no es partidario de que se persiga a los antecesores de él. El pueblo por su parte exige, en su gran mayoría, que se les enjuicie, considerando que de los mil y un males que padecemos, ellos son los responsables. Lo de sujetar a plebiscito el juzgarlos o no, parece más bien una jugada política o como dicen los litigantes, una excepción dilatoria.

A parte del presidente, en el fuero federal, el otro actor básico en la lucha contra la corrupción y la impunidad, es la Fiscalía General de la Republica, anteriormente conocida como Procuraduría General de la República (PGR) y la verdad, es que por su lentitud y bajo perfil de accionar, no ha convencido a casi nadie: la corrupción y la impunidad siguen corriendo parejos, sin visos de que se les abata, y ni siquiera se les detenga.

El sonado tema del General Salvador Cienfuegos Zepeda, exSecretario de la Defensa Nacional durante el período Enrique Peña Nieto, es para poner a prueba a la Cuatro T. Fue tan sorprendente la detención del divisionario en retiro, allá en Los Ángeles el pasado 15 de octubre, como su regreso a México el miércoles 18 del presente noviembre. Cuando se supo que el citado General había sido detenido, acusado de varios cargos de narcotráfico y lavado de dinero, la nota fue una especie de bomba, no solo para los ciudadanos mexicanos, sino para los políticos y especialmente para los miembros del ejército.

Es lógico suponer que si el milite aludido había cometido los delitos que se le atribuían, muchos otros oficiales de alta graduación saldrían manchados, pues esos ilícitos no se suelen cometer aisladamente. Y entonces se echó a caminar la máquina de la diplomacia, las relaciones, los intereses y porque no, hasta las componendas.

¿Cuándo se había presenciado que la potencia imperial, imputado un delito grave, se desistiera y “confiando” en la justicia de otro país, autorizara la entrega del presunto culpable a las autoridades del Estado reclamante? Y todo el procedimiento se realizó con relampagueante rapidez: en la mañana, la jueza que llevaba el asunto, recibió la petición del Departamento de Justicia yanqui vía su Fiscal General, y al rato resolvió concediendo la solicitud en base a los altos intereses del gobierno norteamericano, así como a la buena relación de los dos países interesados, Estados Unidos y México. Por la noche, el divisionario descansaba en su domicilio, tras 33 días de encarcelamiento. Todo un récord Guinness. 

La jueza también dijo que confiaba en la responsabilidad de las autoridades mexicanas. Los Congresistas estadounidenses declararon que “la justicia prevalezca”. La Fiscalía General de la República, para lograr el acuerdo que firmó con sus homólogos gringos, afirmó que se aplicarán las leyes mexicanas. Y hasta el mismo divisionario ahora liberado, aceptó ponerse a disposición de dicha autoridad, pero eso sí, gozando de libertad.

El presidente insistió, no habrá impunidad y no se hizo ningún acuerdo indebido para lograr el retorno, libre de cargos, del General Cienfuegos. Marcelo Ebrard, el Secretario de Relaciones Exteriores, se ha dado vuelo declarando que el multicitado militar regresaba libre y sin acusaciones. Del ejército que se dijo estaba inquieto, particularmente sus altos grados, aunque por su hermetismo poco se sabe, parece que está sosiego, hasta satisfecho.

Con los datos aportados por las autoridades de Estados Unidos, se abrió una carpeta en la FGR; se supone se desahogará, que no habrá simulaciones o encubrimientos. Por ello, lo que resta es saber si la guerra contra la corrupción realmente se está librando, o si la impunidad continúa imperando en el viejo Anáhuac, a pesar de lo que digan en contrario las más altas autoridades mexicanas. No cabe duda, la lucha contra la corrupción y la impunidad, está a prueba. A la Cuatro T corresponde resolver el entresijo.