Víctor
Hugo Prado
Este 7
septiembre dio inicio el proceso electoral 20-21, con el que se renovará la
Cámara de diputados, integrada por 300 diputados que serán electos por el
principio de mayoría relativa y 200 por el principio de representación
proporcional. Se elegirán, además, 15 gubernaturas, 30 congresos locales y 1,926
ayuntamientos del país, en lo que será la elección más grande en la historia de
México a realizarse el 6 de junio del próximo año.
De
acuerdo con la información vertida por el Consejero Presidente del Instituto
Nacional Electoral (INE) en estas elecciones están convocados casi 95 millones
de electores registrados, lo que representa cinco millones de personas más que
en 2018. Se instalarán 164,550 casillas electorales, casi 8,000 más que en la
última elección federal.
El
INE en los próximos meses habrá de visitar a unos 12 millones de ciudadanos en
sus domicilios con el fin de reclutar a cerca de 1.5 millones de funcionarios
de casillas que permita a los ciudadanos votar. En el proceso organizativo de
la elección somos responsables, el INE como autoridad ejecutiva electoral, los
partidos políticos, los ciudadanos y las autoridades jurisdiccionales que
habrán de resolver los conflictos que entre partidos e INE no puedan satisfacer
por falta de atribuciones o por interpretaciones equívocas de la norma
electoral.
Todos
somos responsables de llevar a buen puerto una elección transparente,
democrática, equitativa, legal, justa e impecable no solo por su organización,
sino por la garantizar el derecho de los ciudadanos a elegir a sus autoridades
y representantes. Lo denunciado y visto el mes pasado con en financiamiento al
PRI en la campaña presidencial de 2012 por la vía de PEMEX o los sobres con
dinero que recibía el hermano del presidente para “apoyar el movimiento” son
hechos que enturbian las elecciones, se incurre en prácticas ilegales que
terminan afectando la endeble democracia mexicana.
Un
grave problema de nuestra débil democracia es el desencanto que vive el
ciudadano común de mantenerse al margen de los asuntos públicos, entre ellos
los procesos de elección de sus autoridades, al marcar un distanciamiento entre
ciudadanos y políticos, y por ende dejar la política solo en los políticos.
Cuando la política es un asunto de todos.
Fernando
Savater, en algún momento ha afirmado en relación con la participación de los
ciudadanos en la vida pública que “esa idea de que los políticos son
sectarios, olvida que los políticos somos nosotros, y que los políticos que hay
ahora en ejercicio son nuestros mandados, y que, si son malos, manipuladores y
corruptos, nosotros tampoco quedamos en buen lugar y permitimos que manden; porque
no nos ofrecemos como alternativa para sustituirles”. Frente a lo que se viene
no nos podemos quedar sentados.
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