Profeco ausente

Juan José Ríos Ríos

A Río revuelto, ganancia de… sinvergüenzas. Aunque no dice así literalmente el refrán utilizado para este artículo, ¿de qué otra manera se le puede denominar a quienes abusan de las circunstancias y, sobre todo de la falta de vigilancia de las autoridades correspondientes, para aumentar a placer el costo de productos de alto consumo, como la gasolina, perjudicando seriamente a la de por sí afectada economía de las personas?

            Apenas el mes anterior el precio de las gasolinas, sobre todo la magna, oscilaba entre los 17 y 18 pesos el litro, ahora su costo es cercano a los 20 pesos, cuando en la fecha en que se desplomó su precio por disposición del Gobierno Federal ante la caída del precio del petróleo, llegó a costar hasta los 15 pesos o un poco más, sin que se perjudicara en nada la ganancia de los concesionarios o empresarios gasolineros.

            También hay que agregar que además de ir elevando el costo del combustible, hay estaciones de venta de gasolina en que los litros no son completo, hay mermas a la hora del llenado de tanques de los vehículos, un robo descarado que se ha practicado desde hace muchos años y que pocas, muy pocas veces, se ha intentado sancionar, porque no se ha sabido de que la PROFECO, institución oficial encargada de vigilar y en su caso sancionar este tipo de abusos, pocas veces envía su personal para que hagan su trabajo a esta plaza.

            Aumentar el precio de las gasolinas más allá del precio real o autorizado o sugerido por las autoridades, produce una cadena de aumentos en los demás productos que consume la población, puesto que el transporte de mercancías y de todo producto y hasta de personas, eleva sus costos de operación y los repercute en el consumidor final o usuario, víctima de la ambición de los insaciables empresarios que monopolizan los grandes negocios que tienen que ver con la venta de combustibles, productos comestibles y transporte.

            El único afectado e indefenso es el consumidor, sobre todo aquellas personas de más bajos ingresos por tener empleos que siguen pagando salarios del tiempo de Porfirio Díaz, casi tiendas de raya modernas, que los envían todavía a hacer largas filas a las instituciones bancarias para cobrar sus salarios, empleo de tiempo y esfuerzo extra que nadie les paga y nadie corrige porque los exponen a robos, al posible contagio de enfermedades, sobre todo ahora con la pandemia por el COVID-19.

            Deseable sería que la PROFECO, que hace muchos años abrió una representación en Ciudad Guzmán pero que luego fue retirada de la plaza, no solamente realizara rondas de vigilancia, de supervisión, para evitar que se siga abusando de su ausencia en perjuicio de las personas, que pagan más y a veces reciben menos por lo que les cobran, litros de menos o costos más elevados que los autorizados o considerados “moralmente” como justos para el que compra como para el que vende, también que vuelva a tener oficinas en esta sede, Ciudad Guzmán es cabecera de distrito y sería de mucho beneficio para las miles de personas que son víctimas de estos abusos.