Víctor
Hugo Prado
Dos
semanas suman ya las protestas en Estados Unidos y el mundo tras la muerte de
George Floyd, un hombre negro desarmado que resultó muerto por asfixia cuando
un policía blanco le puso todo el peso de su cuerpo a través de la rodilla en
el cuello. Las escenas han causado indignación, coraje y desprecio por el
excesivo uso de fuerza ante un hombre indefenso que urgía poder respirar. Murió
asfixiado, así lo revelan las imágenes que se hicieron virales. Ante los hechos
las protestas no se han hecho esperar, en la muerte de Floyd miles de personas han
puesto al descubierto fenómenos que creíamos desterrados: discriminación racial
y excesos policiales, dos cuestiones que han provocado levantar la voz principalmente
a la comunidad afroamericana en Estados Unidos creando más violencia,
polarizando las posturas confrontando a instituciones y manifestantes que no se
ven representados por sus autoridades.
En
tanto eso sucede más allá de la frontera, en México, en Jalisco, en Ixtlahuacán
de los Membrillos, salía a la luz la muerte de Giovanni López sucedida hace
poco más de un mes, presuntamente asesinado por policías de ese municipio
encontrándose bajo la custodia de éstos. Ese reprobable hecho también ha
generado protestas durante varios días. Cientos han marchado en las calles principalmente
en Guadalajara e Ixtlahuacán reclamando justicia por lo que consideran un
crimen derivado del abuso policial.
La
muerte de Floyd y de Giovnni tienen elementos comunes, fueron provocadas por
abuso de la fuerza policial excesiva, las unen la indignación, el tono de la
protesta, han generado más violencia e intentan llamar la atención de las
autoridades urgiéndolos a impedir el abuso policiaco.
En
las protestas por el caso Giovanni dos hechos deben explicarse, primero, hubo o
no infiltración de simpatizantes de un partido político con el propósito de generar
violencia, provocar a las autoridades, crear caos e inculpar al gobierno estatal.
El segundo, la detención arbitraria y desaparición forzada de jóvenes
manifestantes, infringida por policías ministeriales, llevada a cabo fuera de
todo protocolo en hechos que sucedieron en las inmediaciones del edificio de la
Fiscalía del estado.
De
cara a estos repudiables hechos caben algunas preguntas que la autoridad está
obligada a responder: sobre la primera irregularidad ¿Quiénes son los
provocadores? Deben salir a la luz nombres, residencias y tener las confesiones
de quienes les pagan para provocar desestabilización. En el segundo caso, si el
fiscal de Jalisco no ordenó las detenciones y afirma que hay infiltración de
grupos delincuenciales que pudieron provocar las detenciones arbitrarias.
Entonces ¿Quién está realmente al mando de la fiscalía? ¿Quién ordenó las
detenciones? ¿hasta dónde llega la infiltración? Preguntas que no pueden quedar
en el vacío.
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