lunes, 8 de junio de 2020

Derecho convertido en libertinaje







Juan José Ríos Ríos



La manifestación de las ideas y el derecho de petición, en el papel, está plenamente garantizado en los artículos 6 y 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siempre y cuando no se provoque algún delito o se perturbe el orden público, entre otras salvedades, manifestaciones que, a últimas fechas, tanto en la ciudad de México, por diversos motivos, y muy recientemente en la Perla Tapatía, han sido violentas y afectado bienes patrimoniales, por lo que se pueden considerar constitutivas de delitos.

            Sin embargo, y tomando como referencia lo que sucedió en la capital del país, cuando por diversos motivos se realizaron marchas de protestas y que fueron aprovechadas por algunos de los participantes para causar daños en monumentos y hasta en partes importantes del Palacio Nacional, sin que se castigara por los hechos a quienes los cometieron y que, por la información oficial que se difundió al respecto, algunos de ellos son “profesionales” que hacen su trabajo en todo asunto de violencia o de protesta, lo que se ha venido replicando en otras partes, casi con los mismos resultados.




            En Jalisco, muy concretamente en Ixtlahuacán de los Membrillos, la policía local detuvo por causas de las que existen dos versiones pero que, independientemente de ello, el resultado final fue la muerte del detenido, joven Giovanni López, lo que originó, muy justificadamente, la molestia, el reclamo e indignación por el hecho no solamente a sus familiares, sino de otras personas en el sitio del suceso y que se extendió hacia la ciudad de Guadalajara en donde algunos de los que se manifestaron causaron afectaciones a bienes patrimonio de Jalisco y de los jaliscienses.

            Respecto al crimen el gobierno del estado ha informado que son tres los detenidos en el caso del joven Giovanni López, dando cumplimiento al esclarecimiento del hecho prometido por el Gobernador Enrique Alfaro, para hacer justicia y que los responsables paguen por sus actos, siendo éstos el Comisario de la Policía Municipal, un mando medio y un elemento de la corporación, quienes tendrán que responder por sus actos ante un juez, mientras que la investigación continúa para deslindar responsabilidades en contra otros servidores públicos.

            Con relación a lo ocurrido el jueves 4 de junio en el centro de Guadalajara, oficialmente se informó que se detuvo por actos vandálicos y hechos probablemente delictuosos a 6 menores de edad, dos mujeres y 20 masculinos, 4 de estos hombres originarios de otros estados del país y al menos 4 de ellos con antecedentes penales, causantes de los daños a Palacio de Gobierno, Palacio Municipal, a la recaudadora, al Consejo de la Judicatura, a la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, a dos patrullas de la Secretaría de Seguridad y a 5 motocicletas. Incluyo también las lesiones que sufrieron al menos 5 policías.




            El tema a considerar de estos hechos violentos, primero es el exceso de brutalidad con que suelen actuar los malos elementos de algunas de las corporaciones policíacas, que la mayor de las veces quedaba impune. El Gobernador de Jalisco ha decidido que no sea así, con lo que se sienta un precedente no solamente por el hecho de que se vaya a aplicar justicia para uno y otro sentido, afectado y causantes del efecto, sino también que sirva para que en el futuro los elementos se abstengan de actuar con excesos de fuerza validos del cargo, so pena de sufrir el castigo que amerite su actuación.

            El otro, no menos importante, es el grado de atrevimiento, de agresividad e intencionalidad con la que algunos de los participantes en la manifestación actuaron el cuatro de junio en el Centro Histórico de la Perla Tapatía, se repite la historia de otros hechos violentos ocurridos en la capital del país y sin duda en otras entidades del territorio nacional, la presencia y acción de menores de edad y mujeres. Lamentable que los derechos y libertades que se plasman en la Carta Magna se conviertan en libertinaje, que se afecten derechos de terceros y sean constitutivos de delitos, sobre todo que los causantes tengan la condición de menores de edad y se involucren mujeres.
           


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