Rafael Martínez
Rodríguez
En
medio de la crisis por la pandemia que vivimos, hemos dejado a un lado el tema
de la violencia y la inseguridad que se vive en todo nuestro territorio
mexicano y que no es un asunto menor, no existe un solo estado de la republica
que no esté impregnado de ese cáncer denominado delincuencia organizada y que
parece no tener fin.
El crimen organizado tiene atado de pies y manos a
nuestras autoridades federales, estatales y sin duda alguna más evidente los
municipales, tomando incluso puestos claves en las administraciones públicas
que competen el tema de seguridad, comprometiendo todo el desarrollo de un
municipio a través de las direcciones correspondientes para realizar desvío de
recursos, licitaciones ilegales, proveeduría etc.
La
fibra más sensible de la jerarquía vertical del gobierno es sin duda los
municipios, dado que existen municipios con escasa presencia de policía
preventiva y que gracias al sistema legal tan débil que existe en nuestro país
es fácil sembrar la corrupción dentro de las corporaciones policiacas, aunado a
que el crimen organizado representa en este momento un movimiento armado que
supera en estrategia, personal, armamento y recursos económicos a las policías
municipales.
Todo lo
anterior conlleva a que los mismos presidentes municipales viéndose
desamparados por los gobiernos estatal y federal, asechados con la presión que
ejercen estos grupos criminales, los reduce en autoridad y terminan cediendo
parte de su administración pública a los carteles que inicialmente eran de
trasiego de drogas y que han evolucionado para cometer atracos, secuestros,
atentados, fraudes, extorsiones y un sinfín de delitos que parece no acabar.
Ya han
pasado varios gobiernos federales que han intentado recuperar la tranquilidad
de las calles, han recurrido a estrategias que con el tiempo se han demostrado
que solo fueron hechas para maquillar los niveles de violencia; la actual
administración después de pasado un año de gobierno solo se había concretado en
los programas sociales, atacar sus contrincantes políticos y sin duda alguna en
hacerle frente a la corrupción que tanto ha dañado a este país, peor aún, no ha
terminado con la corrupción como lo había prometido, y esa misma corrupción es
la que tiene sometido el estado derecho en nuestro país.
El día
11 de mayo del presente año, el Presidente de la Republica emite un decreto
presidencial que faculta a las fuerzas armadas en participar en la seguridad
nacional, dando legitimidad para las actuaciones del Ejército y la Marina
Armada de México, pero sin duda alguna analizando el decreto emitido se
advierten la omisión de delimitar los términos “extraordinaria”, “fiscalizada”
“subordinada” y “complementaria”, mismos términos que pueden traducirse en las
actuaciones reales en graves violaciones a los derechos humanos. Este intento
de contener la violencia a través de la militarización del país con las fuerzas
armadas es un claro ejemplo de los niveles de corrupción que vivimos y del
poder de los carteles en nuestro país, pues evidencia que ni las instituciones
estatales ni federales han dado resultado y solo evidencian la corrupción en la
que están sometidas.
Nuestro
país necesita una doble estrategia a consideración del suscrito, la primera es
ejercer la fuerza del estado declarando terroristas a los carteles mexicanos,
puesto que sostienen que el uso de la fuerza es para su legítima defensa en la
comisión de delitos, y esto es inaceptable, la cultura juega un papel muy
importante en nuestra sociedad y la cual se ha dejado en manos de inexpertos
que no tienen el mínimo sentido nacionalista ni de identidad patriótica, por
ello parte de la estrategia es implementar un plan de cultura nacional donde
veamos como enemigos aquellos que atenten contra la seguridad e integridad de
los ciudadanos, y no se les alabe por realizar actos caritativos manchados de
sangre de miles de mexicanos, ni mucho menos dejarlos en el estereotipo de
héroes como lo proponen las llamadas narco-series.
Falta mucho camino por recorres, pero si los mexicanos
no nos unimos para acabar con la delincuencia, seguiremos viviendo tiempos
peores que la revolución mexicana, viviremos en un estado sociedad sin voz, una
sociedad sometida e insegura. Termino con la frase de José Mujica “nosotros
creemos que el narcotráfico, no la droga, el narcotráfico es el peor flagelo
que está soportando América Latina”.
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