Pedro
Vargas Avalos
El
pasado 8 de marzo fue celebrado el Día Internacional de la Mujer: la
conmemoración es más que merecida y los consiguientes actos alusivos, incluido
el desfile, muy justificados.
Al
día siguiente, lunes 9 de marzo, se llevó a cabo una singular jornada: bajo la
divisa de “El Nueve Ninguna se Mueve”, damas de todas las índoles y clases
sociales, se sumaron para forjar una especie de paro y hacer sentir al país
entero, que basta “Un Día sin Mujeres”, para patentizarnos que, sin ellas, es
muy cuesta arriba no solo vivir, sino sencillamente sobrevivir.
Los
reclamos fueron patentes: punto final a los feminicidios y violaciones, término
de la impunidad, ya no más arbitrariedades, inequidad, inseguridad, violencias
y humillaciones. Desde luego, todo eso en perjuicio de ellas.
Ciertamente
se registraron algunos abusos de féminas que no coinciden con la gran mayoría
de sus congéneres, de espontáneamente exigir y protestar, pero pacíficamente y
con la cara al aire. Ni hablar, nada es perfecto y por unas pocas encapuchadas
no deben perder todas las demás.
Al
respecto, es deplorable adoptar la actitud mustia de los que dicen
irónicamente; Y después del 8 y 9, ¿qué? Tampoco debe limitarse el delicado
tema aflorado en esos días, a solo gemir y lamentar el registro de pérdidas
económicas por más de $43.5 mil millones de pesos, originados por el “Un día
sin nosotras”.
No.
Ahora lo que importa es cómo actuar para que se corrijan las enraizadas injusticias
que padecen las mujeres; que ya no se cometan las insólitas iniquidades,
violencias e inseguridades que sufren, sino que se igualen en todos los medios
las oportunidades para que ellas y ellos caminen a la par en el afán justo del
bienestar con justicia.
Sobre
ese objetivo, no importa considerar que organismo, institución o corporación
sea el primero o el más responsable para buscar soluciones, lo que sí sabemos
es que inmediatamente deben proceder en una marcha que involucre a toda la
sociedad. Sin embargo, el Poder Judicial, la Fiscalía de la República y la
local, junto a los gobiernos municipales, estatales y el federal, tienen que
abocarse para que sea efectivo el remedio que urge aplicar al grave problema de
la inequidad de géneros.
Resalta
por lo sombrío que ha sido su actuación, cuando de mujeres agraviadas se trata,
las Fiscalías y los juzgadores. Son fríos, insensatos e indignos. Pero el
gravísimo problema es que tales instituciones están enviciadas hasta el
tuétano.
Y
aquí es donde debe entrar en juego la mano del gobierno; pero sin rodeos ni
fingimientos: Moralizar la impartición y la procuración de justicia es de su
resorte, enlazando en tal encomienda a los poderes ejecutivo y legislativo,
vigilados por una procelosa comunidad que no debe permitir desviaciones. Es una
ofensa general enterarnos que los Ministerios Públicos o fiscales, desatienden
a las mujeres que denuncian atentados a la vida, la libertad sexual, el honor,
el patrimonio o la armonía familiar. Y más se agrava el tema, cuando habiendo
un presunto responsable, se le libera por menudencias judiciales, invocando
lirondamente los jueces que hubo fallas en el debido proceso. Esa insolencia
debe desterrarse de cuajo. La justicia no es una entelequia que se impone por
sí mismo, es un valor que requiere meditación positiva para que se patentice.
En
las dos instituciones de la justicia, (judicatura y fiscalía) como dice el
actual mandatario nacional cuando habla de la corrupción, la podredumbre y la
ineptitud se deben limpiar como las escaleras, desde arriba hasta abajo. Y sin
miramientos, porque las excepciones son tan pocas, que no vale la pena
extraviar el paso y no alcanzar la meta, solo por salvar alguna particularidad,
que es claro que las hay, pero reiteramos, estando en juego lo primordial no
puede prevalecer la excepción.
En
consecuencia, se debe con prontitud revisar todo lo relativo a legislación,
procedimientos, integración de institutos y corporaciones, además de
atribuciones y deberes, para que la paridad de género impere y la protección
indispensable se otorgue eficazmente.
Debemos
entender que no es una contienda de mujeres contra hombres, sino una
complementación para lograr desterrar las injusticias que victimizan a ellas.
Tampoco se trata de un gracioso otorgamiento de prerrogativas hacia el sexo
femenino; es una justa redistribución de obligaciones y derechos para que se
cumplimente el objetivo de la justicia social íntegra, la cual debe ser igual, es
decir beneficiar cabalmente a todas y a todos.
Creemos
que, tanto en el orden federal, como estatal y municipal, deben conformarse
Comisiones integradas por ciudadanos destacados por su discernimiento, saber y
honradez, para que propongan en un plazo perentorio, las reformas o
modificaciones que deban realizar de manera preferencial, por los órganos
competentes, incluyendo aquí al sector privado. Este por cierto ya anunció
medidas para que la mujer participe en foros, paneles y consejos de su resorte.
El poaso es bueno, pero no suficiente.
Sin
retrasos, los poderes constituidos en los tres órdenes de gobierno, así como
las instituciones de la administración centralizada, descentralizada,
paraestatal, y la autónoma de índole ciudadano, deben convocar consultas
públicas de las que se obtengan fórmulas para cristalizar la equidad de géneros,
y luego implementarlas en sus ámbitos de competencia. Aquí se inscribe la actitud
plausible de la Universidad oficial de Jalisco, la cual expresó que no borrará
las consignas plasmadas en sus muros por las movilizaciones femeninas de los
días 8 y 9, hasta que dicha Máxima Casa de Estudios decida tomar resolutivos
sobre ellas.
No
hay tiempo que perder. Los reclamos expresados en el Día Internacional de la
Mujer, así como los efectos del singular “Un día sin Mujeres”, nos convocan a
la sociedad por entero, (incluyendo al gobernador y al presidente) para sumar
esfuerzos y entre todos, abatir absolutamente el injustificable escenario de sometimiento
e infamia que ha padecido el género femenino.
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