Víctor
Hugo Prado Vázquez*
Recientemente
el Institute for Economics and Peace (IEP) dio a conocer el Índice de Paz 2019,
un estudio que da cuenta de la violencia en nuestro país y que plantea rutas de
trabajo para el Estado como responsable de la administración de fuerza pública.
El (IEP), es un organismo independiente, apartidista, sin fines de lucro
dedicado a cambiar el enfoque mundial acerca de la paz para hacer de ella una
medida positiva, factible y tangible del bienestar y el progreso humano.
De
acuerdo con este estudio “en 2018, el nivel de paz se deterioró 4.9% en México.
La tasa de homicidios aumentó 14%. En 2018, el 69.4% de los homicidios fueron
cometidos con un arma de fuego. Y la violencia afectó tanto a los políticos
como a los civiles. Al menos 850 actos de violencia política se registraron
durante el ciclo electoral de 2018”.
Pese
a esta grave escalada de violencia, “el gobierno ha invertido en el sistema
judicial menos de lo que se requiere, limitando la capacidad institucional para
impulsar la paz y proveer justica y seguridad. Hoy en día, el gasto del
gobierno en las fuerzas policiales y el sistema judicial es apenas la mitad del
promedio de los demás países que integran la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE), como porcentaje del PIB. Aunado a ello,
únicamente en 7 de cada 100 delitos se abrieron carpetas de investigación y
menos de 3% se cerraron con una sentencia, lo que arrojó una tasa de impunidad
de 97%”.
El
impacto económico de la violencia se elevó 10% en 2018, alcanzando los 5.16
billones de pesos (US$268 mil millones), lo que equivale a 24% del PIB del
país. En términos per cápita, el impacto económico de la violencia fue de
41,181 pesos, más de cinco veces el salario mensual promedio de un trabajador
mexicano. Es obvio suponer que esta cifra varía considerablemente de estado a
estado: va desde 10,808 pesos en Yucatán hasta 83,167 pesos en Colima.
Sin
dudarlo, el problema principal del país es la inseguridad. Reducir la violencia
de todo México al nivel de sus cinco estados más pacíficos “generaría un
dividendo de paz de 2.5 billones de pesos al año, o 10 billones de pesos
durante un periodo de cuatro años. Eso implicaría un valor económico adicional
equivalente a 11% del PIB de México de 2018, o más de 11 veces el gasto actual
del gobierno federal en seguridad interna y justicia”.
Y
si los datos de 2018 nos asustan, los de 2019 se proyectan más graves. Los
grupos de la delincuencia organizada tienen rebasadas a las autoridades de los
tres niveles de gobierno y no se vislumbran estrategias efectivas en el
corto y mediano plazo para reducir este grave cáncer social.
*Director
de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Jalisco.
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