jueves, 10 de enero de 2019

Guardia Nacional e instituciones de seguridad







Clemente Castañeda Hoeflich


Cualquier reforma constitucional en materia de seguridad pública debe contemplar un verdadero esquema de reestructuración y fortalecimiento de las policías e instituciones civiles de seguridad de los tres órdenes de gobierno. Éste ha sido el gran rezago del Estado mexicano y hoy debe ser la apuesta para tener una política nacional de seguridad ciudadana, democrática y duradera. El problema es que esto es lo que justamente le falta a la reforma constitucional de la Guardia Nacional, impulsada por el Presidente de la República y su grupo parlamentario.

La reforma que proponen parte de la premisa de que las policías no sirven y, por lo tanto, debe diseñarse una corporación de corte militar para hacerse cargo de las funciones de seguridad pública en el país. Pero yo soy de los convencidos de que si no acompañamos esta reforma de los mecanismos y las políticas específicas para fortalecer las capacidades de las policías, esta medida, presuntamente coyuntural y transitoria, correrá el riesgo de convertirse en permanente.

Por ello, la reforma debe tener como eje central la recomposición, fortalecimiento y mejora de las capacidades de las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, con compromisos y obligaciones mutuas por parte de la Federación y los estados y municipios, que incluyan, por un lado, la voluntad del Gobierno Federal de invertir recursos suficientes para el diseño de una política nacional de fortalecimiento de las policías locales, y por otro, el compromiso de los estados y municipios de fijarse objetivos en materia de capacitación, mejora de las condiciones laborales y salariales, depuración de las corporaciones, diseño de modelos de coordinación intermunicipal, modernización de procesos y protocolos, entre muchas otras tareas.

La función de seguridad pública es, eminentemente, una responsabilidad de las autoridades civiles. Es cierto que durante la última década se ha recurrido a la ayuda de las Fuerzas Armadas para enfrentar una difícil situación de emergencia y violencia, pero justamente por eso, esta reforma no puede convertirse en un pasaporte hacia la perpetuación de una situación de carácter excepcional. Éste es el momento histórico en el que las autoridades civiles deben asumir sus responsabilidades en materia de seguridad en el marco del respeto al pacto federal. Por esta razón es que el mando de la Guardia Nacional debe ser, sin cortapisas y sin excepciones, de carácter civil; y que las autoridades de seguridad pública locales deben asumir compromisos claros en la recomposición y fortalecimiento de sus corporaciones policiales.

Si la reforma en materia de Guardia Nacional no es rediseñada partiendo de estos objetivos, correremos el riesgo no sólo de perpetuar y constitucionalizar una estrategia fallida en materia de seguridad, sino de perder más tiempo y más recursos en una obligación de Estado fundamental, que es la de construir instituciones civiles de seguridad sólidas, eficaces y duraderas.


*Senador de Movimiento Ciudadano por Jalisco.


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