Clemente
Castañeda Hoeflich
Cualquier
reforma constitucional en materia de seguridad pública debe contemplar un
verdadero esquema de reestructuración y fortalecimiento de las policías e
instituciones civiles de seguridad de los tres órdenes de gobierno. Éste ha
sido el gran rezago del Estado mexicano y hoy debe ser la apuesta para tener
una política nacional de seguridad ciudadana, democrática y duradera. El
problema es que esto es lo que justamente le falta a la reforma constitucional
de la Guardia Nacional, impulsada por el Presidente de la República y su grupo
parlamentario.
La
reforma que proponen parte de la premisa de que las policías no sirven y, por
lo tanto, debe diseñarse una corporación de corte militar para hacerse cargo de
las funciones de seguridad pública en el país. Pero yo soy de los convencidos
de que si no acompañamos esta reforma de los mecanismos y las políticas
específicas para fortalecer las capacidades de las policías, esta medida,
presuntamente coyuntural y transitoria, correrá el riesgo de convertirse en
permanente.
Por
ello, la reforma debe tener como eje central la recomposición, fortalecimiento
y mejora de las capacidades de las instituciones de seguridad pública de los
tres órdenes de gobierno, con compromisos y obligaciones mutuas por parte de la
Federación y los estados y municipios, que incluyan, por un lado, la voluntad
del Gobierno Federal de invertir recursos suficientes para el diseño de una
política nacional de fortalecimiento de las policías locales, y por otro, el
compromiso de los estados y municipios de fijarse objetivos en materia de
capacitación, mejora de las condiciones laborales y salariales, depuración de
las corporaciones, diseño de modelos de coordinación intermunicipal,
modernización de procesos y protocolos, entre muchas otras tareas.
La
función de seguridad pública es, eminentemente, una responsabilidad de las
autoridades civiles. Es cierto que durante la última década se ha recurrido a
la ayuda de las Fuerzas Armadas para enfrentar una difícil situación de
emergencia y violencia, pero justamente por eso, esta reforma no puede
convertirse en un pasaporte hacia la perpetuación de una situación de carácter
excepcional. Éste es el momento histórico en el que las autoridades civiles
deben asumir sus responsabilidades en materia de seguridad en el marco del
respeto al pacto federal. Por esta razón es que el mando de la Guardia Nacional
debe ser, sin cortapisas y sin excepciones, de carácter civil; y que las
autoridades de seguridad pública locales deben asumir compromisos claros en la
recomposición y fortalecimiento de sus corporaciones policiales.
Si
la reforma en materia de Guardia Nacional no es rediseñada partiendo de estos
objetivos, correremos el riesgo no sólo de perpetuar y constitucionalizar una
estrategia fallida en materia de seguridad, sino de perder más tiempo y más
recursos en una obligación de Estado fundamental, que es la de construir
instituciones civiles de seguridad sólidas, eficaces y duraderas.
*Senador de Movimiento Ciudadano por Jalisco.
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