Clemente
Castañeda Hoeflich
La
austeridad ha sido una de las principales muletillas empleadas por el nuevo
gobierno para justificar sus decisiones. Se ha dicho que sólo con austeridad y
honestidad se logrará enfrentar la corrupción y se ha dicho que la austeridad
también abatirá la brecha de desigualdad que impera en el país.
Bajo
esta premisa, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación contempla
múltiples recortes presupuestales. Por ejemplo, la Secretaría de Cultura
observa una disminución presupuestal que la deja en 12 mil millones de pesos,
que, en términos reales, es la mitad de lo presupuestado a inicios de la
administración anterior. Al campo, que debería concebirse como un motor de
desarrollo y un paliativo de las desigualdades sociales, se le recortan 15 mil
millones de pesos, y en materia de salud, el programa para la atención de la
obesidad y la diabetes prácticamente desaparece del presupuesto.
Al
ramo de la educación, como han señalado muchas voces, se le imponen recortes
drásticos. A las universidades públicas, en nuevo “error mecanográfico” del
nuevo gobierno, se les disminuyeron importantes recursos públicos; al Programa
para la Inclusión y Equidad Educativa, se le reducen 55 millones de pesos, lo
que equivale al 30% de su presupuesto; y el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología pierde seis mil millones de pesos, lo que significa 10% menos de
recursos. Todo esto resultaría contradictorio para un país que le apuesta a la
formación de los jóvenes.
En
otro contexto, las instancias del Sistema Nacional Anticorrupción, encargadas
de atender y enfrentar uno de los principales problemas de la agenda pública
nacional, sufren, en su conjunto, un recorte de más de cinco mil millones de
pesos, además de desaparecer al Anexo Transversal en materia de anticorrupción
creado en el Presupuesto 2018, lo que también pareciera contradictorio para un
gobierno que hizo de la corrupción su principal bandera de campaña.
En
contraste, la austeridad no se manifiesta con esta misma intensidad en otras
áreas de la administración. El rubro de publicidad oficial y comunicación
aumenta más del 50%, llegando a más de tres mil 500 millones de pesos; y
Morena, como instituto político, recibirá más de un mil 600 millones de pesos
porque se ha negado a reducir el financiamiento público a los partidos.
La
austeridad republicana para Morena y el gobierno federal sigue siendo un
discurso de campaña, de modo que el presupuesto 2019 implica más una
redistribución del gasto que una nueva política para su ejercicio. La
austeridad de este gobierno se ha traducido, por ejemplo, en eliminar
estructuras para transferir los recursos a nuevos programas que hacen lo mismo
o en mantener los altos impuestos a las gasolinas para financiar los grandes
proyectos como el Tren Maya o las refinerías.
Muy
elocuentemente, la diputada de Morena, Dolores Padierna,
al votarse ayer en la Cámara de Diputados una reserva para eliminar el
gasolinazo, dijo: “Desechada la propuesta de quitarle recursos al
presidente López Obrador”. En pocas palabras, que se
aplique la austeridad a los demás, pero no a los intereses del Presidente y su
partido.
*Senador de la República de Movimiento Ciudadano por
Jalisco.
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