Clemente
Castañeda Hoeflich
Esta
semana ambas cámaras del Congreso de la Unión discuten dos proyectos de ley impulsados
por Morena y el próximo gobierno federal: la expedición de la Ley Orgánica de
la Fiscalía General de la República y la reforma a la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal.
Ambos
proyectos pueden significar retrocesos hacia una visión centralista, monolítica
y vertical del poder público, aquella visión que imperó durante el periodo de
partido hegemónico y del hiperpresidencialismo.
Respecto
al proyecto de Ley de la Fiscalía, ya comentado en este mismo espacio la semana
pasada, recapitulo algunos de sus problemas: no garantiza la autonomía de
funciones de la Fiscalía General y cancela la autonomía técnica y de gestión de
las Fiscalías especializadas, lo que resulta grave dado que serán instancias
encargadas de investigar, principalmente, delitos cometidos por servidores
públicos: como los electorales, los hechos de corrupción o las violaciones a
los derechos humanos.
Estas
y otras características de la “nueva” Fiscalía reproducen patrones de
verticalidad y concentración del poder en el Presidente, quien bajo este
esquema normativo seguirá controlando las funciones de investigación y
procuración de justicia.
El
proyecto de Ley Orgánica de la Administración Pública contiene graves
retrocesos que clasificaría en tres rubros: 1) el atropello al pacto federal,
2) la restauración del presidencialismo y 3) la desnaturalización de la función
de seguridad pública.
La
ley atropella el pacto federal mediante la figura de (super)delegados en los
estados, lo que supone una reestructuración en la relación y en el equilibrio
de poder entre las entidades federativas y la Federación, una reestructuración
que no sólo atenta contra la autonomía de los estados y municipios, sino que
también implica un peligro para el orden democrático, al concentrar en una instancia
de carácter político, y cuasi partidista, el control de programas sociales, de
recursos federales e incluso de tareas de seguridad pública que deben
ejecutarse de acuerdo al pacto federal.
Por
otro lado, la ley impulsada por Morena busca restaurar el presidencialismo
porque concentra bajo un esquema de verticalidad y centralismo diversas
atribuciones, como las de consejería jurídica, de compra de publicidad, de
adquisiciones gubernamentales, entre otras que, bajo esta visión, serán
administradas y vigiladas por las mismas instancias, y siempre bajo el manto de
la oficina de la Presidencia.
Finalmente,
la Ley desnaturaliza la función de seguridad pública al crear una maquinaria
institucional no orientada hacia la seguridad ciudadana, sino hacia los enfoques
reactivos y represivos.
La
creación de la nueva Secretaría de Seguridad implica concentrar en ella labores
inteligencia y de seguridad nacional que más allá de significar una invasión de
atribuciones de otras instancias, apuntan hacia la restauración de una agencia
de seguridad, espionaje y control propia de los años setenta.
El
diseño institucional es crucial porque impone límites y genera certidumbre,
independientemente de las personas que ocupen los cargos.
Por
ello, preocupan los proyectos de ley que impulsa Morena, porque en lugar de
imponer límites, dan carta abierta a la restauración de viejas prácticas;
porque en lugar de dar certidumbre, generan dudas sobre una posible tentación
presidencialista y autoritaria.
Senador
de la República
de Movimiento Ciudadano por Jalisco
de Movimiento Ciudadano por Jalisco
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