Claudia propone austeridad

El Volcán/Redacción

La diputada local del PAN, Claudia Murguia, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa que, mediante reforma a la Constitución, pretende obligar a todos los entes públicos a ejercer recursos con estrictas medidas de austeridad.

"La propuesta es elevar a rango de obligatoriedad constitucional el principio de austeridad que tan cantando ha sido, no sólo en el ámbito del contexto nacional, sino también en las últimas sesiones de este Congreso; es llevar a los hechos y a la práctica real, a través de la obligatoriedad constitucional, el principio básico de austeridad", señaló la legisladora.

En la iniciativa presentada por la panista, la cual deberá ser analizada en Comisiones de la Asamblea antes de presentarla a votación ante el Pleno, contempla, por ejemplo, establecer que los órganos del poder público del Estado tendrán la obligación de ejercer los recursos bajo el principio de austeridad, lo cual deberá observarse en realización de obra pública, adquisición de bienes o contratación de servicios.

Asimismo, se anotaría que, la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social, incluyendo utilización de redes sociales, tendrá que ser contratada bajo estrictos criterios de austeridad.

Incluso, la reforma constitucional obligaría a que, los vehículos que se adquieran en entes públicos, tendrán que ser modelos austeros y ecológicos; asimismo, las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realice cualquier autoridad estatal o municipal, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública.

Otra regulación que se propone incluir desde la Constitución, es la prohibición para que no se pueda modificar el escudo de armas del Estado.

De concretarse la iniciativa planteada por Murguía Torres, tendrían que adecuarse leyes secundarias y establecer sanciones que, según se expone en el proyecto legislativo, podrían ser de hasta 20 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y reparación del daño al erario.