El cambio de régimen y los derechos de los pueblos indígenas

Clemente Castañeda Hoeflich

Si queremos hablar de un cambio del régimen político, el régimen debe empezar por cambiar la forma en que se relaciona con los pueblos indígenas, el régimen debe diseñar y aplicar políticas, asumiendo la pluralidad y la multiculturalidad de nuestra nación, para que todos puedan exigir y ejercer sus derechos.

En la discusión sobre derechos de los pueblos y comunidades indígenas, debemos partir de dos principios elementales. En primer lugar, que algunos derechos solamente se pueden ejercer plenamente en forma colectiva, como son el derecho a la libre determinación, el derecho a tener su jurisdicción y definir sus sistemas normativos de organización social, el derecho a preservar su conocimiento, su lengua y su cultura. Y en segundo lugar, que los derechos no se someten a consulta, los derechos se reconocen.

Estoy convencido que si el Estado mexicano parte de estas dos premisas, podremos transitar hacia una verdadera transformación del régimen político, en donde se reconozcan plenamente los derechos de los pueblos indígenas y en donde estos puedan tomar en sus manos la construcción de su presente y su futuro.

Por ello, en el Senado de la República, presenté una iniciativa que surge de una demanda histórica, que surge de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar de 1996, y que plantea reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas como sujetos de derecho. Esta reforma significa reconocer la personalidad jurídica colectiva de los pueblos indígenas y, por lo tanto, reconocer su capacidad para portar y ejercer derechos como una entidad política.

Esta reforma consolidaría las bases legales para garantizar la libre determinación de los pueblos y para reconocer sus formas de organización social, lo que en última instancia implica entender que los pueblos indígenas son instancias colectivas que actúan dentro del sistema político y social.

Lo que sucede actualmente es que, bajo una visión paternalista y asimilacionista, se asume a los pueblos indígenas como entidades de interés público, bajo la tutela del Estado y cuyos derechos pueden ser o no reconocidos en la medida en que lo decida cada entidad federativa. Esto ha provocado que la libre determinación de los pueblos y tantos otros derechos colectivos hayan quedado en letra muerta, y ha provocado que se cometan un sinnúmero de atropellos a las comunidades indígenas en cuanto a la protección de su territorio, su cultura, sus derechos y su identidad.

Los cambios en la configuración político-partidista del país deberían servir para que el Estado mexicano deje de arrastrar esta deuda histórica, para que comiencen a emprenderse los cambios que exigen los mexicanos. El primer paso para el cambio de régimen y para la transformación de la República no puede ser otro más que el cambio en la relación del Estado con los pueblos indígenas de México, con las comunidades originarias de este país.

*Senador de la República por Movimiento Ciudadano