El Volcán/Senado
La diputada ciudadana Fabiola Loya, a nombre del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano, exhortó a los diputados a inhabilitar a los funcionarios
públicos que cometan actos de corrupción para que no vuelvan a desempeñar
ningún cargo público y así darles “muerte civil”.
Esta iniciativa, que ya había sido propuesta por la
bancada de Movimiento Ciudadano hace un año, haría posible la inhabilitación
para ocupar cargos públicos a políticos, funcionarios y particulares que hayan
participado en actos de
corrupción.
En su exposición de motivos la diputada ciudadana
Loya señaló que esta situación mantiene a México en los peores lugares a nivel
mundial de acuerdo con el “Índice de Percepción de Corrupción, elaborado por
Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 135 de 180 países, donde se
mide la rendición de cuentas y los niveles de integridad en el servicio
público”, además de que esto evidencia la incapacidad y la complicidad del
gobierno y las autoridades en nuestro país.
La diputada Fabiola Loya recordó que “16
exgobernadores están sujetos a investigaciones por corrupción y que en lugar de
honrar su investidura y servir a la población que los eligió, decidieron traicionar
a su pueblo”, además, a nivel internacional los funcionarios implicados en el
caso Odebrecht aún no son detenidos.
“El caso Odebrecht y los señalamientos en contra del exdirector de Pemex,
Emilio Lozoya, marcan la incapacidad, o más aún, complicidad del gobierno
mexicano para investigar y sancionar casos de corrupción de alto impacto, pues
mientras que en países como Brasil, Argentina, Panamá, Perú, Colombia,
Guatemala, Republica Dominicana y Ecuador, ya existen expresidentes y ex
ministros procesados, curiosamente México con Venezuela, son los únicos países
donde habiendo implicados, no hay funcionarios detenidos ni sancionados”,
concluyó la diputada ciudadana.
En voz de la diputada ciudadana, el Grupo
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, impulsa esta reforma para darle “muerte
civil” a los “servidores públicos, particulares y empresas que incurran en
actos de corrupción, por lo que además de las sanciones establecidas ya, se
incluirá la inhabilitación para desempeñar cargos públicos o participar en la
contratación de cualquier tipo de compras u obras de gobierno”.
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