La agenda de derechos humanos que exige México

Clemente Castañeda Hoeflich

Es indiscutible que hoy la agenda de derechos humanos debe ocupar un lugar central en la agenda pública nacional. La larga estela de violaciones a los derechos humanos de la última década y las miles de víctimas exigen un ejercicio de acceso a la justicia y a la verdad, y los mexicanos esperan una garantía de no repetición de hechos atroces como los que marcaron los últimos años.

La alternancia que vivirán las instituciones en los próximos meses debe significar una oportunidad para dejar atrás este pasado de violaciones a los derechos humanos, pero para dejarlo atrás, primero necesitamos conocer la verdad, garantizar la justicia, dignificar a las víctimas y garantizar la no repetición de hechos similares.

Es por ello que nosotros hemos insistido en la expedición de una ley para crear una Comisión de la Verdad sobre las violaciones a los derechos humanos de la última década; una ley para que se definan con claridad sus alcances, atribuciones y composición; una ley que haga palpable el compromiso de las instituciones del Estado mexicano para acabar con este ciclo de violencia, impunidad y violaciones a los derechos humanos.

Debe verse con beneplácito la postura asumida por la exministra Olga Sánchez Cordero, quien presumiblemente ocupará la Secretaría de Gobernación en la próxima administración. Su visión en favor de los instrumentos de justicia transicional debe ser acogida por el próximo gobierno de la República, sin embargo, hay mucho por hacer para que esto se traduzca en acciones concretas de acceso a la justicia y a la verdad.

La agenda de derechos humanos que exige México debe ser integral y debe construirse en un ejercicio de corresponsabilidad entre el Ejecutivo y el Legislativo. Esta agenda no admite posturas de simulación o de exclusión.

Entre los temas que debemos atender se encuentran, además de la creación por ley de una Comisión de la Verdad, la abrogación de la Ley de Seguridad Interior, porque sin verdad no hay justicia y porque ni la continuidad de una estrategia fallida ni las apuestas al olvido son aceptables para dignificar a las víctimas y alcanzar la paz.

Debemos, igualmente, fortalecer el modelo de atención a víctimas, con énfasis en la consolidación de los sistemas locales y el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil especializada. Y de manera fundamental, debemos garantizar la plena autonomía de la Fiscalía General de la República, cuya responsabilidad en la investigación de hechos violatorios de derechos humanos y en la no revictimización de las personas es innegable. Necesitamos una fiscalía que sirva, por ejemplo, para que haga un uso correcto de las nuevas legislaciones generales en materia de tortura y desaparición forzada. La paz y la reconciliación sólo serán posibles con instituciones sólidas y autónomas que trasciendan cualquier posición partidista y cualquier coyuntura política.

Estos cuatro pilares: La verdad, la no militarización, la dignificación de las víctimas y el acceso a la justicia deben ser el cimiento de la nueva política de derechos humanos en México, y las cuatro deben reflejarse en decisiones de Estado que las materialicen. Ojalá los cambios en la configuración política de las instituciones sirvan para entender esto y para lograrlo.

               
*Senador electo por Movimiento Ciudadano en Jalisco.