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viernes, 16 de marzo de 2018

Alternativas al “Estado canalla”






Clemente Castañeda


La aspiración de lograr un cambio de rumbo en nuestro país pasa, necesariamente, por enfrentar la crisis de violencia y derechos humanos que padecemos. Tanto el Alto Comisionado de la ONU como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han denunciado la presencia de una “crisis generalizada de derechos humanos”, Human Rights Watch ha sentenciado que éste fue “un sexenio perdido para los derechos humanos” y la organización Open Society apuntó en 2016 a la existencia de “crímenes de lesa humanidad” cometidos en México. A esto se suma que, en septiembre del año pasado, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, el general John Kelly, calificó a nuestro país como un “narcoestado fallido”.

Estos señalamientos ponen a México a un paso de la condición de “Estado canalla” (rogue State), un término utilizado desde el final de la Guerra Fría, sobre todo, por Estados Unidos, para referirse a los Estados que ignoran y violan sistemáticamente el derecho internacional, cosa que, como señalan los organismos mencionados, México ha hecho durante los últimos años.

La solución a esta crisis de violencia y derechos humanos requiere de decisiones trascendentales que signifiquen un cambio de estrategia. Ni la continuidad de una política de seguridad fallida ni las apuestas al olvido serán soluciones para alcanzar la paz y dignificar a las víctimas. Por ello, entre otras cosas, hemos propuesto desde el fortalecimiento de las policías en los tres órdenes de gobierno, hasta la creación de una Comisión de la Verdad sobre las violaciones a los derechos humanos, un primer paso para encarar este problema y cimentar un proceso de refundación de las instituciones.

Sin embargo, hoy también resulta oportuno buscar soluciones globales a través del derecho internacional, ya que los tres grandes problemas del mundo en materia de seguridad, son también los más graves problemas de México: el tráfico de personas, el tráfico de drogas y el tráfico de armas. Por ello, la apuesta de México debe ser elevar el debate, proponer soluciones a estos problemas globales mediante la revisión de los tratados internacionales, e incidir así en un cambio de estrategia y en soluciones internas. Por ejemplo, los tratados en materia de fiscalización de las drogas, que configuran el modelo de combate al narcotráfico en el mundo, pueden someterse a revisión, y en dicho proceso la experiencia de México debe contar y hacerse escuchar: la experiencia de casi 240 mil asesinatos en dos sexenios, cientos de ejecuciones extrajudiciales, más de 30 mil personas desaparecidas, más de 300 mil desplazados y la descomposición de comunidades enteras a lo largo del país; la experiencia de instituciones de seguridad débiles, de políticas públicas fallidas y de gobiernos infiltrados por el crimen organizado.

La elección presidencial de 2018 representa una oportunidad para construir un proyecto de país donde una nueva administración y una nueva configuración política en las cámaras, encaren estos problemas planteando soluciones internas, pero también desde una perspectiva de derecho internacional, dignificando así el papel de México en el mundo como un actor clave en esta discusión.
De no hacerlo corremos el riesgo de que nuestro país no sólo siga sin estar preparado para enfrentar estos problemas que cada día cobran más víctimas, sino que nuestro país termine siendo considerado como un “Estado canalla”.


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