Clemente
Castañeda
La
aspiración de lograr un cambio de rumbo en nuestro país pasa, necesariamente,
por enfrentar la crisis de violencia y derechos humanos que padecemos. Tanto el
Alto Comisionado de la ONU como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
han denunciado la presencia de una “crisis generalizada de derechos humanos”,
Human Rights Watch ha sentenciado que éste fue “un sexenio perdido para los
derechos humanos” y la organización Open Society apuntó en 2016 a la existencia
de “crímenes de lesa humanidad” cometidos en México. A esto se suma que, en
septiembre del año pasado, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, el general
John Kelly, calificó a nuestro país como un “narcoestado fallido”.
Estos
señalamientos ponen a México a un paso de la condición de “Estado canalla”
(rogue State), un término utilizado desde el final de la Guerra Fría, sobre
todo, por Estados Unidos, para referirse a los Estados que ignoran y violan
sistemáticamente el derecho internacional, cosa que, como señalan los
organismos mencionados, México ha hecho durante los últimos años.
La
solución a esta crisis de violencia y derechos humanos requiere de decisiones
trascendentales que signifiquen un cambio de estrategia. Ni la continuidad de
una política de seguridad fallida ni las apuestas al olvido serán soluciones
para alcanzar la paz y dignificar a las víctimas. Por ello, entre otras cosas,
hemos propuesto desde el fortalecimiento de las policías en los tres órdenes de
gobierno, hasta la creación de una Comisión de la Verdad sobre las violaciones
a los derechos humanos, un primer paso para encarar este problema y cimentar un
proceso de refundación de las instituciones.
Sin
embargo, hoy también resulta oportuno buscar soluciones globales a través del
derecho internacional, ya que los tres grandes problemas del mundo en materia
de seguridad, son también los más graves problemas de México: el tráfico de
personas, el tráfico de drogas y el tráfico de armas. Por ello, la apuesta de
México debe ser elevar el debate, proponer soluciones a estos problemas globales
mediante la revisión de los tratados internacionales, e incidir así en un
cambio de estrategia y en soluciones internas. Por ejemplo, los tratados en
materia de fiscalización de las drogas, que configuran el modelo de combate al
narcotráfico en el mundo, pueden someterse a revisión, y en dicho proceso la
experiencia de México debe contar y hacerse escuchar: la experiencia de casi
240 mil asesinatos en dos sexenios, cientos de ejecuciones extrajudiciales, más
de 30 mil personas desaparecidas, más de 300 mil desplazados y la
descomposición de comunidades enteras a lo largo del país; la experiencia de
instituciones de seguridad débiles, de políticas públicas fallidas y de
gobiernos infiltrados por el crimen organizado.
La
elección presidencial de 2018 representa una oportunidad para construir un
proyecto de país donde una nueva administración y una nueva configuración
política en las cámaras, encaren estos problemas planteando soluciones
internas, pero también desde una perspectiva de derecho internacional,
dignificando así el papel de México en el mundo como un actor clave en esta
discusión.
De no
hacerlo corremos el riesgo de que nuestro país no sólo siga sin estar preparado
para enfrentar estos problemas que cada día cobran más víctimas, sino que nuestro
país termine siendo considerado como un “Estado canalla”.
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