Víctor
Hugo Prado
Debido
al sismo de magnitud 8.2, registrado el pasado 7 de septiembre, el Gobierno
Federal tiene el reporte de que 110 mil inmuebles resultaron con daños, por lo
que deberán construirse o repararse en Oaxaca y Chiapas. En Oaxaca se
presentaron afectaciones a al menos a 57 mil inmuebles, mientras que en Chiapas
se contabilizan 53 mil 395 negocios y viviendas con daños, además, entre ambos
estados sumaron alrededor de 100 personas fallecidas.
Y no
salimos del azoro del sismo de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Guerrero, –el mayor
de los sucedidos en México-, cuando sobreviene el sismo del 19 de septiembre
(hoy hace una semana), de 7.1 grados, que afectó principalmente a la Ciudad de
México, y a los estados de Morelos, Puebla y de México. Donde lamentablemente
perdieron la vida 319 personas, que entre ambos sismos suman 419 personas.
Las
fases han estado dadas por la emergencia misma: sobreponerse a la sorpresa,
tomar la calle y remover escombros para rescatar vidas en un acto pleno de
solidaridad con la determinación de voluntarios, de la Sedena, de la Marina, y
por supuesto ahora con el apoyo de rescatistas especializados nacionales e
internacionales que se han adherido a la desgracia. Las posibilidades de que
siga existiendo vida son cada vez más escasas, pero suceden los milagros. La
gente que no ha encontrado a los suyos, que se hallan bajo los escombros, no
pierde la esperanza de rescatarlos vivos.

No
tardará en que se anuncie que deberán demolerse lo que no tiene reparación, e
iniciar a rehacer las zonas afectadas. La reconstrucción en Oaxaca, Chiapas la
Ciudad de México, Puebla, Morelos y demás entidades, deberá definirse con base
en censos, para determinar los esquemas de apoyo técnico, en especie o en
recursos económicos, los esquemas crediticios –si es que los hay-, la
priorización entre vivienda, empresas y escuelas; el rescate de lo histórico,
la atención permanente y las fuentes de financiamiento.
Por
cierto, en este último caso me sumo a las voces que proponen que el
financiamiento salga de una substancial reducción de no menos del 50 % de las
prerrogativas para campañas políticas de los partidos políticos para 2018, y en
lo que resta del año un reducción del 80 % de su gasto ordinario se aplique a
la reconstrucción. Una oportunidad además para revisar y recortar los ingresos
de senadores, ministros de la corte, magistrados, diputados y secretarios de
Estado, que ganan las perlas de la virgen, así como las excesivas burocracias
de los diferentes niveles gobierno, estoy seguro que resarciremos o superaremos
por mucho el daños de los sismos, recuperando vivienda, empleo y escuelas.
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