Víctor
Hugo Prado
Debido
al sismo de magnitud 8.2, registrado el pasado 7 de septiembre, el Gobierno
Federal tiene el reporte de que 110 mil inmuebles resultaron con daños, por lo
que deberán construirse o repararse en Oaxaca y Chiapas. En Oaxaca se
presentaron afectaciones a al menos a 57 mil inmuebles, mientras que en Chiapas
se contabilizan 53 mil 395 negocios y viviendas con daños, además, entre ambos
estados sumaron alrededor de 100 personas fallecidas.
Y no
salimos del azoro del sismo de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Guerrero, –el mayor
de los sucedidos en México-, cuando sobreviene el sismo del 19 de septiembre
(hoy hace una semana), de 7.1 grados, que afectó principalmente a la Ciudad de
México, y a los estados de Morelos, Puebla y de México. Donde lamentablemente
perdieron la vida 319 personas, que entre ambos sismos suman 419 personas.
Las
fases han estado dadas por la emergencia misma: sobreponerse a la sorpresa,
tomar la calle y remover escombros para rescatar vidas en un acto pleno de
solidaridad con la determinación de voluntarios, de la Sedena, de la Marina, y
por supuesto ahora con el apoyo de rescatistas especializados nacionales e
internacionales que se han adherido a la desgracia. Las posibilidades de que
siga existiendo vida son cada vez más escasas, pero suceden los milagros. La
gente que no ha encontrado a los suyos, que se hallan bajo los escombros, no
pierde la esperanza de rescatarlos vivos.
Los
albergues que atienden a los damnificados, la organización en centros de acopio,
la donación de la sociedad civil que aportan víveres, ropa, medicina, cobijas,
agua, herramienta, que prestan sus equipos, que dan su tiempo, son la muestra
de un pueblo que sabe hacer causa común ante la adversidad. Esa organización
espontanea que rebasa a las autoridades es el legado del sismo del 85, hace 32
años, ahí nació la sociedad civil.
No
tardará en que se anuncie que deberán demolerse lo que no tiene reparación, e
iniciar a rehacer las zonas afectadas. La reconstrucción en Oaxaca, Chiapas la
Ciudad de México, Puebla, Morelos y demás entidades, deberá definirse con base
en censos, para determinar los esquemas de apoyo técnico, en especie o en
recursos económicos, los esquemas crediticios –si es que los hay-, la
priorización entre vivienda, empresas y escuelas; el rescate de lo histórico,
la atención permanente y las fuentes de financiamiento.
Por
cierto, en este último caso me sumo a las voces que proponen que el
financiamiento salga de una substancial reducción de no menos del 50 % de las
prerrogativas para campañas políticas de los partidos políticos para 2018, y en
lo que resta del año un reducción del 80 % de su gasto ordinario se aplique a
la reconstrucción. Una oportunidad además para revisar y recortar los ingresos
de senadores, ministros de la corte, magistrados, diputados y secretarios de
Estado, que ganan las perlas de la virgen, así como las excesivas burocracias
de los diferentes niveles gobierno, estoy seguro que resarciremos o superaremos
por mucho el daños de los sismos, recuperando vivienda, empleo y escuelas.
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