En
sesión extraordinaria, los diputados sacaron del archivo una veintena de
solicitudes de juicio político para desecharlas. El pleno del Congreso del
Estado avaló desestimar 22 denuncias en contra de diferentes funcionarios.
Entre los asuntos rechazados están señalamientos en contra del Fiscal General
Eduardo Almaguer y del ex secretario del trabajo Héctor Pizano.
También
fueron rechazados dictámenes que proponían iniciar el proceso de juicio
político, contra el ex alcalde de Ocotlán Enrique Robledo Sahagún y el de
Tamazula Francisco Javier Álvarez Chávez.
Según
el acuerdo de la Comisión de Responsabilidades, había elementos para proceder
contra Robledo Sahagún por presunto enriquecimiento inexplicable y contra Álvarez
Chávez por presuntas anomalías en obras públicas y daño al erario. Pese a los
señalamientos, los votos de los diputados del PRI, Movimiento Ciudadano,
Partido Verde y PRD: libraron a los ex alcaldes de un proceso en su contra.
La
diputada panista Pilar Pérez Chavira, presidenta de la Comisión de
Responsabilidades, defendió el trabajo hecho por su comisión y dijo que no hubo
argumentos por parte de los legisladores que desestimaron incoar el juicio
contra los ex presidentes municipales, reiteró que los expedientes que
revisaron contenían argumentos suficientes para proponer.
"Los
dictámenes que fueron rechazados proponían la incoación. El dictamen está
sostenido en función a los expedientes y se fundamentó en las causales de
juicio político que señala la ley de responsabilidades de los servidores
públicos", comentó la legisladora.
En el
paquete de juicios políticos rechazados también estaban cinco se denuncias
contra el acalde de Tlajomulco y dos contra el ex alcalde de Tonalá y actual
diputado Jorge Arana, que se excusó de votar el punto. Además de denuncias
contra ediles de Zapopan, Tala, Unión de San Antonio, Zapotlanejo; entre otros.
También se declaró el sobreseimiento una petición contra el titular del Sistema
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), pues se cumplió con el
pago de la indemnización que se reclamaba en la denuncia.
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