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jueves, 27 de julio de 2017

Propuesta para que el juicio político sea una herramienta de justicia para los ciudadanos




>La Diputada Fela Pelayo López anunció reformas a la Constitución y a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con ese propósito.




El Volcán/Congreso


Con el objetivo de hacer del Juicio Político una verdadera herramienta de justicia para los ciudadanos, y facilitar el procedimiento, la Diputada Fela Pelayo López propone reformar la Constitución Política y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ambas del Estado de Jalisco, para especificar las causales de responsabilidad de los funcionarios, porque actualmente son muy genéricas, carecen de claridad los actos u omisiones para que sean sancionadas, lo que permite que la denuncia sea desechada de forma subjetiva.

En conferencia de prensa, la legisladora explicó que el Juicio Político es un mecanismo que conoce poco la sociedad, y a su vez disperso, por lo que resulta difícil que el funcionario o servidor público acusado afronte las consecuencias de su ineficiencia o infracciones, haciéndose  necesario acotar daños económicos o patrimoniales al Estado o al buen funcionamiento de la dependencia a su cargo.

Manifestó que de acuerdo a la experiencia surgida en las dos últimas legislaturas y lo que va de la actual, se han presentado 171 denuncias de juicio político y sólo una mínima parte se ha concluido. El resto, porque pasó el tiempo y se congeló, o simplemente porque la Comisión de Responsabilidades determinó que no era grave, se desecha, y lo que se propone es que el ciudadano, al entregar la denuncia, pase a la misma Comisión y se inicie el trámite correspondiente. 

Actualmente los Diputados del Congreso de Jalisco están en el proceso de concretar las reformas secundarias en materia de anticorrupción. Sin embargo, dentro de lo contemplado, sigue existiendo una laguna: las responsabilidades políticas de los funcionarios públicos de primer nivel. En consecuencia, plantea en la iniciativa que presentará, reducir el tiempo del proceso, para que las denuncias se resuelvan en un plazo máximo de seis meses. Si la Comisión de Responsabilidades no atiende en el término, los mismos legisladores serán sujetos de Juicio Político.

Asimismo, a toda denuncia que cumpla los requisitos de ley se le debe dar trámite. La Comisión de Responsabilidades ya no decidirá si es viable una denuncia o no, antes de iniciar el proceso. El servidor público denunciado, tendrá la obligación de contestar y ofrecer pruebas para defenderse. Con la denuncia, la contestación del denunciado y las pruebas que ambos presenten, se determinará si puede existir una responsabilidad, se especificará en la iniciativa.

La audiencia de comparecencia será para que la Comisión de Responsabilidades (parte acusadora) y el denunciado puedan defender ante el Pleno del Congreso si los hechos de la denuncia, la contestación y las pruebas, son suficientes para sancionar o no.

El Congreso tendrá que votar un dictamen de sentencia que emita la Comisión de Responsabilidades, en el que podrá sancionar al funcionario. Se le da la oportunidad al ciudadano de acudir al Tribunal de Justicia Administrativa, para impugnar las resoluciones de la Comisión de Responsabilidades y del Congreso.


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