>La Diputada Fela Pelayo López anunció reformas
a la Constitución y a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos,
con ese propósito.
El Volcán/Congreso
Con el objetivo de hacer del Juicio Político una
verdadera herramienta de justicia para los ciudadanos, y facilitar el
procedimiento, la Diputada Fela Pelayo López propone reformar la Constitución
Política y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ambas del
Estado de Jalisco, para especificar las causales de responsabilidad de los
funcionarios, porque actualmente son muy genéricas, carecen de claridad los
actos u omisiones para que sean sancionadas, lo que permite que la denuncia sea
desechada de forma subjetiva.
En conferencia de prensa, la legisladora explicó
que el Juicio Político es un mecanismo que conoce poco la sociedad, y a su vez
disperso, por lo que resulta difícil que el funcionario o servidor público
acusado afronte las consecuencias de su ineficiencia o infracciones,
haciéndose necesario acotar daños económicos o patrimoniales al Estado o
al buen funcionamiento de la dependencia a su cargo.
Manifestó que de acuerdo a la experiencia surgida
en las dos últimas legislaturas y lo que va de la actual, se han presentado 171
denuncias de juicio político y sólo una mínima parte se ha concluido. El resto,
porque pasó el tiempo y se congeló, o simplemente porque la Comisión de
Responsabilidades determinó que no era grave, se desecha, y lo que se propone
es que el ciudadano, al entregar la denuncia, pase a la misma Comisión y se
inicie el trámite correspondiente.
Actualmente los Diputados del Congreso de Jalisco
están en el proceso de concretar las reformas secundarias en materia de
anticorrupción. Sin embargo, dentro de lo contemplado, sigue existiendo una
laguna: las responsabilidades políticas de los funcionarios públicos de primer
nivel. En consecuencia, plantea en la iniciativa que presentará, reducir el
tiempo del proceso, para que las denuncias se resuelvan en un plazo máximo de
seis meses. Si la Comisión de Responsabilidades no atiende en el término, los
mismos legisladores serán sujetos de Juicio Político.
Asimismo, a toda denuncia que cumpla los requisitos
de ley se le debe dar trámite. La Comisión de Responsabilidades ya no decidirá
si es viable una denuncia o no, antes de iniciar el proceso. El servidor
público denunciado, tendrá la obligación de contestar y ofrecer pruebas para
defenderse. Con la denuncia, la contestación del denunciado y las pruebas que
ambos presenten, se determinará si puede existir una responsabilidad, se
especificará en la iniciativa.
La audiencia de comparecencia será para que la
Comisión de Responsabilidades (parte acusadora) y el denunciado puedan defender
ante el Pleno del Congreso si los hechos de la denuncia, la contestación y las
pruebas, son suficientes para sancionar o no.
El Congreso tendrá que votar un dictamen de
sentencia que emita la Comisión de Responsabilidades, en el que podrá sancionar
al funcionario. Se le da la oportunidad al ciudadano de acudir al Tribunal de
Justicia Administrativa, para impugnar las resoluciones de la Comisión de
Responsabilidades y del Congreso.
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