>“Actualmente con las condiciones de los contratos las foto infracciones no son más que un mecanismo para sacarle dinero a las personas”, aseguró el Diputado Hermosillo González.
El Volcán/Congreso
Los diputados Alejandro Hermosillo González y
Augusto Valencia López denunciaron que el programa de foto infracción que
ejecuta la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado presenta
distintas irregularidades y cuestiones anómalas que apuntarían a actos de
corrupción.
Así lo manifestaron en rueda de prensa ambos
legisladores, argumentaron que una acción de gobierno que en un principio se
pudiera entender como noble y loable como lo es bajar los índices de accidentes
automovilísticos en la Zona Metropolitana de Guadalajara, además
de Ciudad Guzmán, se ha convertido solamente en una entrada de dinero sobre un
contrato ventajoso para un particular.
“En los contratos se establece que Autotrafic se
queda con 40% de las ganancias, es decir, el Gobierno del Estado tiene la
obligación de entregarle diez millones de pesos a la empresa por mes, por ello
este año Autotrafic se va a embolsar $122 millones de pesos.
“Según datos oficiales el Gobierno de Jalisco ha
recaudado mil 205 millones por concepto de foto multas desde mayo de 2011. Hay
que mencionar que en los contratos no se plantea que el Gobierno pague por
multas verdaderamente recaudadas, sino únicamente levantadas, por lo que la
empresa no se preocupa por una adecuada notificación, siendo ésta una de las quejas
más recurrentes de los ciudadanos”, expuso el Diputado Valencia López.
Sostuvo también que en la actualidad habría una
duplicidad de contratos, uno de ellos con vigencia del 1 de mayo de 2014 al 30
de septiembre de 2018 y otro del 1 de octubre de 2016 al 30 de noviembre de
2018 y que en dado caso, el pago a la empresa aumentaría a 15 millones de pesos
mensuales.
Agregó que dichas sanciones son
anticonstitucionales, pues al ciudadano no se le otorga el derecho a audiencia
y defensa que marca la legislación, además de que están al margen de la ley
porque quien las impone no es la autoridad, sino un particular que usurpa esas
funciones, por lo que solicitó al Poder Ejecutivo que se suspenda este
programa.
“Actualmente con las condiciones de los contratos
las foto infracciones no son más que un mecanismo para sacarle dinero a las
personas, el Gobierno del Estado convirtió un programa que podría ser
preventivo en una medida recaudatoria que es opaca y que tiene todas las
señales de ser el negocio de alguien”, aseguró el Diputado Hermosillo González.
Agregó que si realmente se buscara combatir los
accidentes viales la ubicación de las cámaras sería diferente, contaría con
mejor señalización y la multa estaría respaldada por un programa de difusión de
cultura vial.
Ambos diputados ya presentaron ante el Pleno del
Congreso del Estado iniciativas de acuerdo legislativo al respecto: en una de
ellas solicitan que la colocación de las cámaras que identifican las
violaciones al reglamento sean colocadas por especialistas en el tema, con
anuencia por parte de la autoridad municipal.
Otra propuesta es que el recurso económico
recaudado de este programa sea orientado a un fondo de movilidad por parte de
académicos y dirigentes de organizaciones civiles.
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