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viernes, 5 de mayo de 2017

Investigarán a fondo solicitud contra "El Güero"




>En caso de que el pleno del Congreso y tras finalizar la investigación, en dado caso de ser encontrado culpable, la sanción sería inhabilitación para contender por un cargo público.


Milton Iván Peralta
El Volcán/Guzmán



La Comisión de Responsabilidades aprobó por mayoría de votos los dictámenes de incoación de solicitudes de juicio político en contra de Francisco Javier Álvarez Chávez, más conocido como “El Güero”; Juan Manuel Delgado de la Cruz, Francisco Javier Arias Sánchez y José Luis Rodríguez Ortiz, como ex Presidente Municipal el primero, y los demás ex tesoreros del ayuntamiento de Tamazula de Gordiano, para saber más del tema entrevistamos a la diputada local, María del Pilar Pérez Chavira, presidente de la Comisión de Responsabilidades, del Congreso del estado.  

“El estudio que se sometió la Comisión de Responsabilidades, que fue la aprobación del dictamen, para iniciar el trámite de juicio político, porque se recibió una denuncia, del cual se hace del conocimiento, que la propia gaceta municipal, da cuenta de una inversión de $700 millones de pesos, durante la gestión de los denunciados, tanto del ex presidente municipal, como los dos ex tesoreros, que cada uno en su momento pudo estar participando”, explicó la diputada local. 

Comenta que, al solicitarse la información específica, de parte de los denunciantes, y en la parte de entrega recepción, no puede constatarse que esa inversión se tradujo en obras ejecutadas y terminadas dentro del municipio, “esa situación les hace presumir que hay algún probable daño al erario, por lo que solicitan que se proceda a un juicio político, por un lado esclarecer esa situación, y en el caso de que haya alguna responsabilidad, se pudiera aplicar alguna sanción”.

El siguiente paso, tras haber aprobado la comisión, se dio cuenta a la mesa directiva del Congreso, para que lo tengan en cuenta y lo suban al pleno, para poder definir su ratifican el dictamen o no, y en su caso iniciar la investigación del caso y deslindar responsabilidades, pero en caso de tener alguna sanción, por no contar actualmente con un cargo público, la única sanción que procedería contra Francisco Javier Álvarez Chávez y los demás inculpados, es la inhabilitación para contender por algún cargo público. Aún no se tiene fecha para llevarse al pleno. Una vez que el pleno haya tomado la decisión, son cinco días para notificar al denunciado, y tendrá cinco días más para demostrar lo que a él le convenga. 

“Estamos solicitando que se entre al fondo del caso, para que pueda dirimirse por las partes, los elementos de prueba o las argumentaciones, que sean para esclarecer o desvirtuar lo que se ha denunciado”, pero la diputada María del Pilar Pérez Chavira comenta que con los elementos que obran en el expediente, “en el dictamen se dice que al lugar a entrar al fondo y llamar a las partes, para que pueda haber con más claridad y precisión, si existe ese daño al interés público y si existe alguna responsabilidad”, y los elementos del expediente hacen necesario que se entre a este proceso.

Una vez que el pleno del congreso, haya aprobado incoar, se les avisa a las partes para que puedan acudir los denunciados, y manifestar por escrito lo que su derecho convenga, para que sea esto que se incorpore para que sea escuchado, y ser valoradas las argumentaciones. “Para con toda objetividad y apego a legalidad se pueda llegar a una conclusión, y en su caso proceder si así se determinara”, ya en el pleno, no deben pasar 45 días hábiles, para tener una respuesta.

Pero el sábado pasado, el presidente del PRD, Raúl Vargas, donde decía que es una persecución política contra de Francisco Javier Álvarez Chávez “es curioso que esto pase a un año de las elecciones”, a lo que la diputada María del Pilar Pérez Chavira responde: “no sé ellos cómo puedan sentirse, lo que puedo decir que los elementos que aportaron la solicitud de juicio político, son elementos que nos dieron para concluir que necesitamos entrar a las partes, para que puedan decir a su defensa para que convenga, como el propio dictamen lo establece nadie puede ser de alguna manera condenado, o responsable, si antes no se le da oportunidad de su espacio para ser escuchado, y eso es este paso”. 

La diputada deja claro que, al iniciar este procedimiento, no significa que se les esté condenando “sino que se abre el proceso para que acuda el denunciado, a decir lo que tenga que decir y comprobar, y pueda entonces, apego al debido proceso constitucional, tener su oportunidad de ser escuchado y ser incorporadas sus argumentaciones, en el análisis concluyente”. 

Para finalizar, dejó en claro que es conveniente llamar a cuentas a los servidores públicos, “la sociedad está interesada que podamos estar haciendo con mucha pulcritud ser revisores del cumplimiento de la responsabilidad de todos de todos los servidores públicos, que es parte de la encomienda, buscar la no impunidad, por este tipo de procedimientos, sin detrimento de salva guardar ser primero que todo escuchado y luego juzgado, y ahorita estamos en eso, salva guardar el derecho de todas las partes, pero sobre todo con un enfoque de preservar el interés público mayoritariamente”, concluyó la diputada local y presidenta de la Comisión de Responsabilidades, María del Pilar Pérez Chavira.   


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