>En caso de que el pleno del Congreso y tras finalizar la investigación, en dado caso de ser encontrado culpable, la sanción sería inhabilitación para contender por un cargo público.
Milton Iván Peralta
El Volcán/Guzmán
La Comisión de Responsabilidades aprobó por mayoría de votos los dictámenes de
incoación de solicitudes de juicio político en contra de Francisco Javier
Álvarez Chávez, más conocido como “El Güero”; Juan Manuel Delgado de la Cruz,
Francisco Javier Arias Sánchez y José Luis Rodríguez Ortiz, como ex Presidente
Municipal el primero, y los demás ex tesoreros del ayuntamiento de Tamazula de
Gordiano, para saber más del tema entrevistamos a la diputada local, María del
Pilar Pérez Chavira, presidente de la Comisión de Responsabilidades, del
Congreso del estado.
“El estudio que se sometió la Comisión de Responsabilidades, que fue la
aprobación del dictamen, para iniciar el trámite de juicio político, porque se
recibió una denuncia, del cual se hace del conocimiento, que la propia gaceta
municipal, da cuenta de una inversión de $700 millones de pesos, durante la
gestión de los denunciados, tanto del ex presidente municipal, como los dos ex
tesoreros, que cada uno en su momento pudo estar participando”, explicó la
diputada local.
Comenta que, al solicitarse la información específica, de parte de los
denunciantes, y en la parte de entrega recepción, no puede constatarse que esa
inversión se tradujo en obras ejecutadas y terminadas dentro del municipio,
“esa situación les hace presumir que hay algún probable daño al erario, por lo
que solicitan que se proceda a un juicio político, por un lado esclarecer esa
situación, y en el caso de que haya alguna responsabilidad, se pudiera aplicar
alguna sanción”.
El siguiente paso, tras haber aprobado la comisión, se dio cuenta a la mesa
directiva del Congreso, para que lo tengan en cuenta y lo suban al pleno, para
poder definir su ratifican el dictamen o no, y en su caso iniciar la
investigación del caso y deslindar responsabilidades, pero en caso de tener
alguna sanción, por no contar actualmente con un cargo público, la única
sanción que procedería contra Francisco Javier Álvarez Chávez y los demás
inculpados, es la inhabilitación para contender por algún cargo público. Aún no
se tiene fecha para llevarse al pleno. Una vez que el pleno haya tomado la
decisión, son cinco días para notificar al denunciado, y tendrá cinco días más
para demostrar lo que a él le convenga.
“Estamos solicitando que se entre al fondo del caso, para que pueda dirimirse
por las partes, los elementos de prueba o las argumentaciones, que sean para
esclarecer o desvirtuar lo que se ha denunciado”, pero la diputada María del
Pilar Pérez Chavira comenta que con los elementos que obran en el expediente,
“en el dictamen se dice que al lugar a entrar al fondo y llamar a las partes,
para que pueda haber con más claridad y precisión, si existe ese daño al
interés público y si existe alguna responsabilidad”, y los elementos del
expediente hacen necesario que se entre a este proceso.
Una vez que el pleno del congreso, haya aprobado incoar, se les avisa a las
partes para que puedan acudir los denunciados, y manifestar por escrito lo que
su derecho convenga, para que sea esto que se incorpore para que sea escuchado,
y ser valoradas las argumentaciones. “Para con toda objetividad y apego a
legalidad se pueda llegar a una conclusión, y en su caso proceder si así se
determinara”, ya en el pleno, no deben pasar 45 días hábiles, para tener una
respuesta.
Pero el sábado pasado, el presidente del PRD, Raúl Vargas, donde decía que es
una persecución política contra de Francisco Javier Álvarez Chávez “es curioso
que esto pase a un año de las elecciones”, a lo que la diputada María del Pilar
Pérez Chavira responde: “no sé ellos cómo puedan sentirse, lo que puedo decir
que los elementos que aportaron la solicitud de juicio político, son elementos
que nos dieron para concluir que necesitamos entrar a las partes, para que
puedan decir a su defensa para que convenga, como el propio dictamen lo
establece nadie puede ser de alguna manera condenado, o responsable, si antes
no se le da oportunidad de su espacio para ser escuchado, y eso es este paso”.
La diputada deja claro que, al iniciar este procedimiento, no significa que se
les esté condenando “sino que se abre el proceso para que acuda el denunciado,
a decir lo que tenga que decir y comprobar, y pueda entonces, apego al debido
proceso constitucional, tener su oportunidad de ser escuchado y ser
incorporadas sus argumentaciones, en el análisis concluyente”.
Para finalizar, dejó en claro que es conveniente llamar a cuentas a los
servidores públicos, “la sociedad está interesada que podamos estar haciendo
con mucha pulcritud ser revisores del cumplimiento de la responsabilidad de
todos de todos los servidores públicos, que es parte de la encomienda, buscar
la no impunidad, por este tipo de procedimientos, sin detrimento de salva
guardar ser primero que todo escuchado y luego juzgado, y ahorita estamos en
eso, salva guardar el derecho de todas las partes, pero sobre todo con un
enfoque de preservar el interés público mayoritariamente”, concluyó la diputada
local y presidenta de la Comisión de Responsabilidades, María del Pilar Pérez
Chavira.
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