Regularán la asignación de escoltas

El Volcán/Congreso

Es necesario y oportuno normar la asignación de escoltas o elementos de protección a funcionarios públicos, así como regular que empresas privadas puedan brindar este servicio en forma complementaria con reglas claras y bajo la supervisión de la autoridad.

Así lo manifestaron especialistas en seguridad, académicos y empresarios del ramo en la Mesa de Análisis de la Iniciativa que Regula el Uso de Escoltas en Jalisco, convocada por el Diputado Augusto Valencia López en el Congreso del Estado de Jalisco, quien es autor de la propuesta de reforma en cuestión.

Dicha iniciativa fue presentada en el pasado mes de agosto del año 2016 y busca reformar y adicionar diversos artículos al Código Penal y la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado, con el propósito de inhibir el uso indiscriminado de escoltas en el Estado y regular y controlar las actividades que realizan los guardaespaldas.

“El uso de escoltas genera desigualdad social, pues hace una distinción entre funcionarios y ciudadanos en el tema de seguridad. Es injusto porque los ciudadanos pagamos sólo para que unos cuántos tengan protección personalizada y además es discrecional porque el fiscal es quien decide quien merece un escolta y ese proceso no se transparenta.

“Cientos de servidores públicos de Jalisco se benefician de equipos de protección personal, por ello es urgente establecer un esquema de control y regulación en el uso de escoltas para evitar abusos, arbitrariedades y prepotencia en contra de ciudadanos comunes”, expuso en el inicio del diálogo el Legislador Valencia López.

Ignacio Salazar Mariscal, quien durante su trayectoria profesional se ha desempeñado como director de la Policía de Guadalajara, jefe de la Policía Investigadora de la Fiscalía General del Estado y director de Prevención y Readaptación Social, señaló que es pertinente incluir en la legislación los criterios para darle seguridad a un servidor público.

“Cómo medir el riesgo de un funcionario, esa sería la pregunta, responder cómo medimos el riesgo para que un servidor público “X” traiga protección, cuántos escoltas, quién define el número para que esté protegido, es ahí la importancia de esos dictámenes técnicos, ese sería el punto de partida”.

Agregó que a excepción de Jalisco, en prácticamente todos los estados del país se contempla en la ley esta figura, situación que a nivel local se ha manejado mediante un acuerdo emitido por el gobernador en turno. Ante tal situación Salazar Mariscal cuestionó si eso termina por ser una remuneración más para la persona a la que se pretende proteger.

“En qué impacta la disposición de tantos policías que andan en función de escolta, pues yo creo que en detrimento de la prevención, los policías investigadores dejan las carpetas y ahí se contribuye a los altos índices de impunidad”.

Jaime Montoya Escoto, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Seguridad Privada y Adherentes, aseguró que “es muy importante la iniciativa y queremos aportar a ella”, donde se incluya regular a detalle la prestación de este servicio por parte de los particulares.

El académico Guillermo Zepeda Lecuona, lamentó que al día de hoy se ignora cuántos elementos de corporaciones municipales y estatales realizan esta función y manifestó que la decisión de otorgar esta protección debe ser emitida por un consejo técnico y no por una sola persona.

“Es fundamental contar con un padrón de escoltas y lo que hoy es una decisión discrecional del fiscal debe ser tomada en forma colegiada, es fundamental en cualquier estado de derecho el argumentar la asignación así como algunas directrices”, señaló el docente, quien agregó que también se deben tomar en cuenta los derechos laborales y humanos de los elementos.

Quirino Ruiz Vázquez, vicepresidente Unión Nacional de Empresas de Seguridad Privada y Adherentes A.C. (UNESPA), recomendó que los elementos que realicen función de escoltas deban constituir un grupo específico que no dependa directamente la Fiscalía General, al igual que el resto de los asistentes, manifestó que es indispensable la elaboración de dictámenes técnicos para definir quién debe recibir protección.

Finalmente, Omar Luna Osorio, en representación de la Agencia Metropolitana de Seguridad, señaló que este es un tema complejo por su misma naturaleza y por las variables que intervienen en ella.

“Valdría la pena realizar un análisis en cuanto a la limitación de escoltas porque estos temas de seguridad pública luego se traducen en problemas de seguridad nacional, porque implica ingobernabilidad en determinados territorios. El dictamen técnico es un punto sensible y hay que ponerle atención y ya hay una ley para protección por amenazas, hay que tomarla en cuenta”, señaló el funcionario.

El Diputado Augusto Valencia agradeció a los asistentes su interés y aportaciones en el tema, señaló que en las próximas semanas se habrá de trabajar a detalle el dictamen para alcanzar una mejor propuesta.