Legalización de armas

Rafael Martínez Rodríguez

Si las leyes limitan o prohíben la portación de armas, es obvio que los criminales no estarán dispuestos a acatarlas. Ellos siempre serán capaces de adquirir y portar armas; los únicos que sufrirán debido a la solicitud del populismo sociodemocrata que impone estas leyes serán las personas inocentes, o sea, las potenciales víctimas.

Lo anterior, nos recuerda que sigue en estudio la propuesta del senador por el estado de Colima, Jorge Luis Preciado Rodríguez de la fracción panista, para que se “legalice” la portación de armas de fuego en nuestro país, siendo su propuesta una iniciativa de reformas a la Constitución y a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para que los ciudadanos puedan tener armas en su trabajo, en los servicios de autotransportes, así como en sus traslados en automóvil, cuestión que para muchos es una medida desmesurada poco elocuente y para otros un acierto que estaba tardándose en proponerse.

La propuesta a mi consideración es acertada en cuanto a ver la realidad de nuestro país, puesto que venimos tratando de mantener una sociedad utópica inexistente a los tiempos actuales, donde la delincuencia organizada se ha salido de control y las autoridades preventivas poco han salido a contener esos hechos, quedando en estado de vulnerabilidad todos los ciudadanos que incluso, han sido espectadores de un delito cometido con armas de fuego, y poco o nada han podido hacer para protegerse o prevenir dicho delito.

Esta iniciativa legislativa podría prevenir distintos delitos de alto impacto en la ciudadanía, y es una realidad la manifestación del Senador que expone “El país está inundado de armas y son los delincuentes los que tienen acceso a ellas, además de que quien puede pagar seguridad privada tiene equipos de protección armados, y los ciudadanos en general no pueden poseer armas para su legítima defensa” por ello, es de considerar que esta iniciativa fuere tomando impuso y se trabaje con las debidas precauciones legales para que esta idea que se propone, no sea un recoveco para armar legalmente a criminales.

Es de importante observación, que esta propuesta de ley se regule bajo los más estrictos parámetros legales, pues si bien es cierto que la seguridad pública no ha podido frenar la inseguridad, también lo es que dándole un arma a cada ciudadano tampoco sería la solución, por ello, de llevarse a cabo esta propuesta, deberá plantear lineamientos severos para que no cualquier persona obtenga un permiso para portación de arma de fuego, comprendiendo exámenes psicológicos, toxicológicos, físicos, antecedentes penales etc. Además, implementar un sistema autónomo anticorrupción para los puntos de ventas de armas.

Preciso es, que aunado a toda una serie de candados legales para portar un arman, se debe invertir en generar la reconstrucción del tejido social, erradicar la adulación de la delincuencia organizada, erradicar narcocorridos, erradicar la “narcocultura” y cambiar desde la trinchera del hogar, implementando y retomando los valores familiares que se han ido perdiendo y generando tanta violencia, comenzar por el respeto a los demás, y ser conscientes que nuestros actos desembocan consecuencias, y si queremos mayor seguridad, comencemos a concientizarnos en aspectos positivos para poder tener consecuencias positivas y regenerar una cultura de paz y armonía entre los ciudadanos, para ello tenemos un camino largo por recorrer, pues esta situación generacional ya está rebasando los limites tolerantes y de no hacerlo pronto, será una situación más adversa, en términos de seguridad, la que se viva en las calles.